El Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa ven peligro a la libertad de expresión en el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en la que advierte que tomarás medidas cautelares contra quienes intenten obstruir procesos legales que lleven contra imputados.
Ambas instituciones consideran extraño que el Ministerio Público, como órgano acusador del Estado y que conoce muy bien las normativas jurídicas con la que se pudieran sancionar todo tipo de delitos, tenga que emitir un comunicado público que se ve como atentatorio contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento y contra el ejercicio del periodismo en el país.
Los gremios de la comunicación se desligan de todas las contradicciones con personas e instituciones de la sociedad, pero sí reafirmamos la decisión de defender la libertad de prensa, como derecho fundamental, provenga de cualquier poder o sector de la sociedad.
Manifestaron no recordar el momento ni la época en la que los periodistas hayan obstaculizado o impedido un proceso cuando la hegemonía y control de los procesos siempre y por ley la tienen el Ministerio Público y el Sistema de Justicia.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, llamó a los periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse alertas ante cualquier atentado a la libertad de informar cuanto ocurre en el seguimiento de los casos judicializados, no solo a quienes supuestamente hayan cometidos corrupción, sino a todos los procesos que se lleven en la justicia dominicana.
Reiteró que el periodista es profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la constitución tenemos derecho a un ejercicio libre y jamás ser censurado por ningún poder del Estado llámese Justicia, Legislativo y Ejecutivo.
Difamación o crimen de tecnología
Mientras que José Beato, secretario general del SNTP, que además de ser periodista es abogado, dijo estar sorprendido con el comunicado, debido a que las medidas cautelares se toman con base en la violación de una norma que el MP conoce muy bien.
Le resulta extraño que se señale la parte relativa a la Ley 53-07, de crímenes y delitos de alta tecnología en dicho pronunciamiento, porque esta es de orden público y la difamación e injuria entra en el campo privado de las partes.
“El Ministerio Público conoce muy bien qué son las difamaciones e injurias, cuales artículos la tipifican y cuales leyes la tocan, así como cuales producen medidas cautelares”, expresó.
Preocupa que digan que se contratan opinadores
Afirman valorar en su justa dimensión el criterio de independencia y transparencia del Ministerio Público y sus actuaciones, que jamás deberán tener influencias externas, porque su rol es defender los mejores intereses nacionales, pero les sorprende como se pretende lacerar el derecho a la información propio del Estado Democrático, Social y de Derecho, pero ven con preocupación queel referido comunicado diga que no “contrata a opinadores para que mientan a su favor”.
