La admisión por parte de la empresa Embraer de que pagó US$3.52 millones a un funcionario dominicano para asegurar la compra de aviones Super Tucanos sacudió la opinión pública y a dirigentes políticos oficialistas y de oposición.
Sobre el caso el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo ayer que el funcionario que haya “metido la mano”, en el caso Tucanos, que pague ante las autoridades, y llamó que el que tenga pruebas de corrupción que las someta.
Peralta reaccionó así a la admisión de la empresa brasileña Embraer ante la justicia de Estados Unidos de que sobornó a altos funcionarios dominicanos para que garantizaran la compra por parte del país de las aeronaves de combate y entrenamiento. El soborno se materializó a través de funcionarios del Ejército.
“El que metió la mano que pague y el que denuncia todas esas cosas que diga quiénes son, que hablen y muestren las pruebas que tienen”, adujo.
Peralta refirió el caso a las declaraciones del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que el expediente no será engavetado y que seguirá su curso.
Dijo que la gestión del presidente Danilo Medina ha apostado por un gobierno transparente y honesto, y afirmó que donde se ha encontrado casos de corrupción se ha sometido a la justicia.
“No hemos tenido escándalos suficientes y donde ha habido aunque sea una chispa, se han tomados los correctivos”, señaló José Ramón Peralta.
Investigación es “cautelosa”
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que por el caso Tucanos se está llevando una investigación de forma seria, cautelosa y guardando el debido proceso.
“En este caso y en cualquier otro donde haya indicios, habrá personas detenidas. En este caso particular hay cuatro personas con medidas de coerción y una de ellas detenida y lo que ha salido publicado, no incluye nada nuevo que no esté en el expediente depositado y por el cual se lograron las medidas de coerción”, añadió el funcionario.
El máximo representante del Ministerio Público resaltó que parte del reconocimiento de Embraer, de que se pagó soborno a funcionarios dominicanos, constituye las pruebas que están siendo aportadas a ese tribunal.
El procurador reiteró que Estados Unidos y República Dominicana han cooperado en el suministro de documentos para la elaboración de los respectivos expedientes.
Pide identificar funcionarios
El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, expresó que las autoridades dominicanas tienen que identificar a los funcionarios involucrados en el caso de corrupción de los aviones Super Tucanos para que los mismos sean sometidos a la justicia y pagar si tienen responsabilidades.
El dirigente político indicó que si el gobierno del presidente Danilo Medina quería pruebas sobre casos de corrupción, ahora las tiene.
“Ya la investigación fue presentada, ahora aquí tienen que actuar. Si el Gobierno quería pruebas de corrupción, ahí se le han entregado pruebas”, planteó Abinader, refiriéndose al caso Tucanos, cuyo fabricante, la compañía brasileña Embraer, aceptó que pagó sobornos a este país, y a otros, por lo que pagará una multa de 205 millones de dólares a Estados Unidos.
Senadores opinan piden esperan investigaciones
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia en el Senado, Arístides Victoria Yeb, dijo que el caso de los aviones Tucanos es preocupante para el país, por el ilícito que implica. Mientras que Rafael Calderón señaló que este caso va a contribuir a que hechos similares no se repitan. Igualmente, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, expresó que el caso de los Tucanos está en manos de la justicia y que hay que esperar las conclusiones de las investigaciones y que se establezcan responsabilidades.
Hay cuatro personas con medida de coerción
Por el caso Tucanos, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), imputó a Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo, a quienes la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional revocó la colocación de brazaletes electrónicos, que habían sido impuestos como coerción. Al igual que el coronel Carlos Piccini Núñez, quien se encuentra privado de libertad, y el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, quien tiene prohibición de salida del país.
