“Somos un país pobre que no puede asumir dos pueblos pobres”. Ese fue el mensaje que el presidente Danilo Medina envió a la comunidad internacional en la reunión que sostuvo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon, en el marco de la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá el pasado 10 de abril.
En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA que tuvo lugar en Guatemala la semana pasada, el Presidente Medina explicó que gracias a la Ley Especial 169-14 y al Plan Nacional de Regularización se alcanzaron los siguientes resultados: a) 55,000 personas nacidas en República Dominicana, hijos de padres extranjeros en situación irregular y que contaban con algún tipo de documento expedido por el Estado dominicano acreditándolos como nacionales, han visto reconocida su documentación por la Junta Central Electoral y con ella, su ciudadanía dominicana; b) 8,755 personas hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación, se registraron en el Libro de Extranjería y podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos años; y c) 288,486 personas que estaban en el país de manera irregular, solicitaron su regularización y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan. En otras palabras, 352,241 personas que tenían necesidad de regularizar su estatus, han podido hacerlo, lo que les permitirá recibir la nacionalidad dominicana o la residencia legal, según sea el caso.
Desconocemos si algún país pobre de la región está en capacidad de presentar resultados de esta magnitud en los procesos de regularización de personas con situación migratoria irregular. Sabemos que en abril del 2013, el estado de Acre en Brasil declaró un estado de emergencia por los costos que tuvo que asumir para ayudar a más de 4,000 haitianos que llegaron a dicho estado luego del terremoto que devastó a Puerto Príncipe en el 2010. Brasil solicitó ayuda a los países de Suramérica y el Caribe para combatir los anillos de traficantes de personas responsables del influjo de inmigrantes haitianos al país más grande de América Latina.
Sabemos también de la posición que ha fijado el Gobierno de Trinidad & Tobago (T&T), el país más rico del Caribe con un PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPP) 2.5 veces mayor que el nuestro, frente a los 110,012 inmigrantes ilegales procedentes de 16 países. El Ministro de Seguridad Nacional de ese país, Gary Griffith, calificó la situación como “totalmente inaceptable”. El Gobierno de T&T estableció un Plan de Regularización de la Situación Inmigratoria de dos meses –menos tiempo que los 18 meses adoptados por República Dominicana-, que venció en enero del 2015. Vencido el plazo, el Gobierno de T&T iniciaría la Campaña Masiva de Deportación de todas las personas en situación inmigratoria ilegal que no hayan sido regularizadas.
Sabemos también de la Nueva Política de Inmigración puesta en marcha por el Gobierno de Bahamas, que requiere que todas las personas tengan pasaporte para responder a oficiales no uniformados lanzados a las calles con la pregunta: “¿Do you have a passport?”, lo que ha generado situaciones graves para personas descendientes de padres haitianos. La nueva política de Bahamas, país con un PIB per cápita (PPP) dos veces mayor que el nuestro, establece el requerimiento de un permiso de estudio para todos los niños, el cual se obtiene pagando una tarifa de US$125.00 y mostrando el pasaporte con sello de residencia para todos los niños nacidos en Bahamas pero que no tienen la nacionalidad bahameña.
La realidad es que República Dominicana es mucho más pobre que Brasil, Trinidad & Tobago y Bahamas, países que al igual que el nuestro están sintiendo los efectos de una inmigración creciente y no regulada sobre sus economías y finanzas públicas. A pesar de ser más pobre, el mundo ha querido que República Dominicana asuma la mayor parte de la emigración haitiana que por razones perfectamente comprensibles
, huye de la pobreza extrema existente en el vecino país.
Utilizando como base el modelo de distribución equitativa de la carga de emigrantes haitianos que construyó el Ing. Pedro Delgado Malagón, publicado en este diario el 1ro. de febrero del 2014 bajo el título “Un ejercicio de equidad”, actualizando valores al 2014 y introduciendo en el concierto de naciones que deberían asumir parte de la carga a los 13 países miembros del CARICOM, se puede comprobar que República Dominicana está siendo injustamente evaluada por la comunidad internacional. Utilizando como variables para la determinación de la cuota equitativa el tamaño de la economía (PIB nominal), nivel de riqueza (PIB per cápita) y disponibilidad de territorio (Mts2 por habitante) y asignando una ponderación similar a las tres variables (1/3), se tiene que del total de 1,957,641 haitianos (nacidos en Haití o nacidos en el país receptor hijos de padre o madre haitiana) que residen en República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Francia, Venezuela y en los 13 países del CARICOM, a nuestro país le correspondería una cuota de 55,815 haitianos. Dado que la carga que hemos asumido, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, es de 667,608 haitianos, debería resultar obvio para cualquier Gobierno extranjero, comunidad internacional, y ONGs defensoras de los derechos humanos, que República Dominicana ha tenido que cargar con una parte considerable de las cuotas que corresponderían a países como Canadá, Francia y Venezuela. El sobrecumplimiento dominicano ha sido de 1,096%, muy superior al 23.5% de EUA y 2.0% de los países del CARICOM (especialmente Bahamas, Guyana y Jamaica).
Fue por eso que el Presidente Danilo Medina indicó a Ban Ki-moon que “la comunidad internacional no puede pedirle a la República Dominicana lo que no pide a los demás”. Medina tiene toda la razón cuando afirma que “República Dominicana ha hecho todo lo humanamente posible para garantizar los derechos de los extranjeros en situación migratoria irregular en el territorio nacional”. A esto sólo habría que agregar que ha hecho 12 veces más de lo que le correspondería en base a su nivel de desarrollo económico y capacidad territorial para aliviar las condiciones de vida de cientos de miles de haitianos que han emigrado irregularmente a nuestro país. Antes de juzgar a República Dominicana por ejercer el derecho soberano de regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las leyes que lo rigen, la comunidad internacional debería llamar la atención a aquellos países que no han exhibido el nivel de apertura y solidaridad hacia Haití que ha mostrado la República Dominicana. l
