El sorpresivo fracaso de las negociaciones de la estatal corporación pública de electricidad y sus acreedores para reestructurar la deuda de 9,000 millones de dólares, anticipa el colapso económico definitivo del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, al que la visita el pasado miércoles del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, no resultó suficiente para proporcionar un respiro fiscal.
El gobernante Alejandro García Padilla, que aguardaba con optimismo el resultado de las negociaciones de 18 meses de la oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, con los acreedores del denominado Grupo Ad Hoc de bonistas, ha reconocido este sábado que esto traerá graves consecuencias para los 3,5 millones de puertorriqueños.
Crisis eléctrica
“Anticipo que las consecuencias pueden ser graves para la gente, nuestros industriales y nuestros comerciantes; es hora de que todos los implicados en la demora se den cuenta que nuestra realidad hoy es crítica y requiere acción decidida e inmediata”, dijo con pesadumbre el mandatario sobre la necesidad de que se aprueba cuanto antes la legislación requerida “y con el lenguaje adecuado” para que los bonistas vuelvan a la mesa de negociación. García Padilla manifestó que se pone mucho en peligro pues, incluso, “aumenta el riesgo de apagones porque no contaríamos con el efectivo necesario para adquirir combustible para continuar con normalidad las operaciones”.
“Es inaceptable que el sacrificio que viene por años reclamando el país a la gerencia de esa corporación pública se ponga en jaque, justo cuando la AEE ha logrado acuerdos voluntarios con sus acreedores para reducir el pago de su deuda, cuando logró una moratoria en los pagos para brindar la liquidez necesaria para reducir el costo de la luz”, señaló el gobernador García Padilla.
Las expresiones del mandatario parecieron dirigidas al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), quien ha dicho que no se aprobará ninguna medida bajo presión de los bonistas. De todos modos, aseguró, que los senadores y diputados han trabajado en conjunto con el proyecto de ley de reestructuración de la AEE para cuando se proceda a su aprobación las diferencias principales estén superadas.
La situación es que la situación actual abre la posibilidad de una avalancha de demandas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra el gobierno del ELA con la intención de recobrar lo prestado con sus intereses, lo que podría implicar la liquidación de la corporación pública. Además, tal como ha manifestado el mandatario puertorriqueño, esto complicará la posible negociación de la deuda de la estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de otras entidades públicas para la reestructuración de sus deudas.
Tercer impago en camino
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), Melba Acosta Febo, reconoció como “muy probable” que el gobierno puertorriqueño incurra en su tercer impago, esta vez de 800 millones de dólares, con los Bonos de Obligaciones Generales (BOG), que están garantizados por la constitución del ELA, que impone cumplir primero con esta responsabilidad antes que con servicios esenciales, como la salud, la educación y la seguridad del país.
Este panorama se produce en medio del reconocimiento del ministro de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, de una insuficiencia fiscal de 500 millones de dólares, lo que retrasará cualquier posible crecimiento económico, además de forzar el incumplimiento con proveedores del gobierno, como ya ocurrió esta semana con los suministradores de alimentos a los 12,000 presos del sistema carcelario nacional l
Gobierno toma medidas para seguir operando
“El gobierno ha estado tomando medidas para seguir operando; hemos hecho los pagos principales en enero con mucha dificultad, en parte, para poder ‘comprar tiempo’ y sentarnos en una reestructuración”, dijo la presidenta del BGF.
Explicó que el estimado de ingresos del Fondo General incluido en la versión original del plan bajó de 9,460 millones a 9,210 millones para este año fiscal, por lo que se proyecta que el déficit a cinco años será de 16,100 millones, en vez de los 14,000 millones calculados.
La visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada no trajo muchas esperanzas al pueblo puertorriqueño, ya que de entrada expresó a los periodistas que el ejecutivo federal no lanzará un salvavidas económico a Puerto Rico, por lo que habrá que esperar a marzo, cuando el Congreso norteamericano posiblemente aborde la inclusión del Estado Libre Asociado en el capítulo 9 de la ley de quiebras, del que lo excluyó en 1984.
