El país avanza en protección a la capa de ozono

Los clorofluorocarburos (CFC) se han eliminado “prácticamente en un 100%” en el país, y se ha reducido el consumo de clorofluorocarbonos hidrogenados (HCFC) en un 10% en los últimos tres años.

Los clorofluorocarburos (CFC) se han eliminado “prácticamente en un 100%” en el país, y se ha reducido el consumo de clorofluorocarbonos hidrogenados (HCFC) en un 10% en los últimos tres años.La información la ofreció ayer el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, quien habló durante la inauguración de la Primera Expo Feria Internacional del Frío y la Climatización.

El funcionario se refirió al avance de República Dominicana en la reducción de sustancias que afectan la capa de ozono. Afirmó que la República Dominicana es el país de la región de Las Américas que mejor ha cumplido el Protocolo de Montreal, el cual tiene el objetivo de eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono para el año 2030.

De otro lado, informó que la institución que dirige elabora una nueva resolución para regular el corte y transporte de madera para uso industrial.

Rojas Gómez explicó que el protocolo que contendrá la resolución está en proceso de formación, y que pasó a nivel superior para ser revisado. Añadió que “se está creando un mecanismo que va a transparentar esta actividad, que va a hacer más efectiva la labor de estos hombres de trabajo, que han utilizado sus tierras para, en vez de sembrar plátano, en vez de sembrar maíz, en vez de sembrar rubros de ciclo corto, están sembrando madera”, añadió.

La resolución 13-2015 del Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe el corte y transporte de madera para uso industrial, ha sido rechazada por asociaciones, grupos e instituciones de varios sectores, entre los que se encuentran la Junta Agroempresarial, la Asociación de Industrias (AIRD), la Asociación de Zonas Francas (Adozona), la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Cámara Forestal Dominicana, el Patronato Nacional de Ganaderos y la Federación de Productores del Bosque Seco de la Región Suroeste.

Las críticas a la resolución se han enfocado en el impacto que tendría en las industrias, los trabajadores y la economía nacional.

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