Nuestros retos frente a la ley

Hay que reconocer que el Poder Judicial y el Ministerio Público han alcanzado un apreciable grado de transparencia, eficiencia y solidez institucional.…

Hay que reconocer que el Poder Judicial y el Ministerio Público han alcanzado un apreciable grado de transparencia, eficiencia y solidez institucional. No es que todo sea color de rosas, pero los cambios positivos se notan. Decir lo contrario es no saber lo que sucedía años atrás.

El Poder Judicial ya no es llamado la cenicienta de los poderes del Estado y el Ministerio Público inspira confianza. Los logros son evidentes, donde destaco, a modo de ejemplos, que ya se puede hacer carrera en la judicatura y en el Ministerio Público, y que nuestro nuevo régimen penitenciario es un modelo a seguir en América Latina.

Aquellas compras y ventas vulgares de sentencias y dictámenes son cada vez menos frecuentes. Eso de que los tribunales son un mercado público es cosa del pasado, a sabiendas de que hay mucho por mejorar, pues donde quiera se cuecen habas. Algo muy importante es que cuando surgen escándalos donde hay involucrados jueces o fiscales (y abogados y alguaciles), se investiga y se sanciona si procede. Hay vigilancia en las conductas de ellos y eso logra que tengan mucho cuidado al actuar.

Igual ocurre con instituciones como la DNCD y la Policía Nacional, donde se nota un ambiente de mayor profesionalidad, con liderazgos firmes, comprometidos con el cumplimiento del deber, sin negar que ambas requieren reformas, especialmente la Policía Nacional.

Independientemente de todo, para que se respete y aplique la ley como Dios manda se necesita algo vital: la concienciación y participación activa tuya y mía, de aquel y de todos. Muchos dominicanos aborrecemos las reglas, y lo peor, rechazamos a quienes pretenden poner orden en nuestras vidas. Nada nos asombra, desde andar en una motocicleta con otra persona a bordo y un tanque de gas en el medio, hasta ver normal la violación de una luz roja. Preferimos existir “a lo loco”, inventando nuestros propios códigos, que ni constantes son, pues los modificamos dependiendo de lo que estimamos nos conviene. El funcionario público que se esfuerza para que impere la ley es un “pasao y pesao”, que se cree que el cargo es de él, porque lo asume con demasiada seriedad.

Con este libertinaje se nos hará difícil avanzar como nación, pues el obedecer las normas y el temor a la ley es lo que une a los pueblos en la búsqueda de propósitos comunes.

Y a esto se agrega nuestro escepticismo en unos estamentos de la justicia que son mejores de lo que consideramos. Nuestros retos para el provenir son cumplir con la ley, exigir que otros lo hagan y tener confianza en un sistema que avanza, todo para vencer la impunidad que nos corroe como sociedad.

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