La elaboración del Presupuesto del Estado es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Esa pieza debe responder a criterios de sostenibilidad fiscal y los parámetros de endeudamiento deben ser compatibles con la capacidad de pago de la Nación.
Aunque la elaboración del Presupuesto es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y sus ministerios, es obvio que debe recoger las expectativas y aspiraciones de la población.
Asimismo, debe también considerar los planes nacionales de desarrollo, especialmente ahora, cuando la Constitución prevé la aprobación e implantación de una Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual debe ser elaborada con el concurso de las fuerzas productivas y el liderazgo político y social.
Si es así, para cada período anual, los actores sociales deben ser escuchados. Aquí radica una cuestión importante que completaría un círculo ideal para que las diferentes zonas o regiones, sectores sociales y productivos, se sientan considerados dentro de las políticas nacionales.
La realidad es que eso no ocurre. El Poder Ejecutivo se atiene a los programas fríos de sus diferentes ministerios e instituciones descentralizadas, y las prioridades son precisamente las definidas por los técnicos y funcionarios.
El gobierno podría modificar su proceder y estimular la participación de la sociedad cuando empiece a definir lo que será el Presupuesto del próximo período. Asimismo, es justo señalar que los actores civiles y comunitarios no ejercen los derechos a reclamar en el período adecuado. Sería interesante que pongan en práctica su capacidad de presión para que el gobierno le dé el mayor contenido social a la ley de Presupuesto, y sea un instrumento de desarrollo.
Así, desde agosto a septiembre de cada año, el Poder Ejecutivo podría abrir sesiones para recibir las propuestas y reclamos de la sociedad en materia de desarrollo económico y social. La idea parece tonta, y con ella quizás se piense que se abriría un maratón de reclamos. Pero si la democracia se fundamenta en el diálogo y la concertación, lo correcto sería que en un país tan pequeño como República Dominicana, la Ley de Presupuesto se elabore sobre la base de consultas, diálogo y concertación social.
Así, estaríamos ante un círculo perfecto de participación. Quizás también por esa vía las presiones, huelgas y protestas serían menos y la paz social posible.
