Más allá de la cesantía

La semana pasada el Ministerio de la Presidencia relanzó las conversaciones entre el gobierno y los gremios laborales y empresariales para la modificación del Código de Trabajo. Es claro que el esfuerzo anterior no prosperó por el grado de divergencia

La semana pasada el Ministerio de la Presidencia relanzó las conversaciones entre el gobierno y los gremios laborales y empresariales para la modificación del Código de Trabajo. Es claro que el esfuerzo anterior no prosperó por el grado de divergencia de las posturas, pero además, por el amplio rechazo que generaron en la opinión pública algunas de las propuestas empresariales, y por una evidente falta de propuestas y de liderazgo por parte del gobierno. Éste no ha querido tomar posiciones por temor a los costos políticos que implicaría. Por su parte, el sector sindical pareció limitarse a resistir las propuestas del empresariado, que apuntan a reducir los costos laborales.

El punto más destacado de la discordia es la cesantía o compensación laboral por despido. El empresariado argumenta que se trata de un costo laboral excesivo que a la vez que encarece la producción, limita la contratación reduciendo la capacidad de las empresas formales de crear empleos. Su argumento es que esta es una de las razones más importantes detrás del crecimiento del empleo informal en el país.

Desde la perspectiva de los gremios laborales, la cesantía es la única compensación significativa que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el sector formal, en un contexto de salarios bajos y de una muy precaria protección del sistema de la seguridad social, cuyos beneficios son capturados por unos pocos.

Pero a pesar de ser “la joya de la corona”, la discusión de la reforma no debe ser abortada por diferencias en el tema de la cesantía. Hay varios temas de mucha importancia en los que se puede avanzar y llegar a acuerdos provechosos para todo el mundo.

Uno de ellos es el de los procedimientos judiciales para conocer demandas laborales en los tribunales. Hay consenso en ambas partes en que la forma en que están funcionando perjudica severamente a trabajadores y a empresas, en beneficio de terceros. No hay razones legítimas para no avanzar en este sentido.

Un segundo tema es el de los aumentos de salarios. Bajo el esquema actual, los ajustes son muy dilatados, las pérdidas de poder de compra de las remuneraciones en el interregno no se recuperan, y los aumentos a lo sumo compensan la inflación. Esto contribuye a mantener los salarios reales deprimidos y el mercado nacional empequeñecido. Además, el sector oficial juega un rol muy pasivo, habiendo de hecho capacidad de veto del sector empleador. Por último, el número de salarios mínimos es elevado y las escalas de salario mínimos por tamaño de las empresas pueden estar lejos de lo óptimo. Aunque este tema es uno contencioso, podría llegarse a acuerdos que reformen el funcionamiento del Comité Nacional de Salarios y que le den al Estado responsabilidades mayores.

El trabajo doméstico remunerado es un tercer tema. La legislación nacional niega prácticamente todos los derechos para este tipo de trabajo, el cual es realizado abrumadoramente por mujeres, y las excluye del derecho a la seguridad social en calidad de trabajadoras. La Constitución de la República reconoce que el trabajo del hogar produce riqueza. Por ello, debe ser objeto de protección social.

Un cuarto tema es el de la discriminación por sexo, raza, edad, creencias, preferencias sexuales, identidad de género, condición de salud o situación de discapacidad. La legislación y las instituciones laborales vigentes son inefectivas en este ámbito, lo que explica en parte por qué las mujeres y los jóvenes ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, y por qué la población negra, LGTB o con discapacidad tiene menos posibilidades de tener empleos o empleos decentes. El Estado tiene la responsabilidad de enfrentar estas situaciones inaceptables.

Un quinto tema es la posibilidad de discutir y aprobar un régimen laboral, quizás temporal, adaptado a los pequeños negocios, que promueva la formalización y la protección, y un régimen laboral para promover el empleo en la población joven o en la población que está entrando por primera vez al mercado laboral.
Pero para avanzar en estos temas se requiere liderazgo y una postura mucho más proactiva del Estado. El gobierno tiene que bajar de las gradas y empezar a jugar a favor del empleo y de los derechos. 

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