La Contraloría General de la República tiene el mandato legal de velar por el uso correcto de los recursos del Estado no sólo en todas las entidades públicas centralizadas y descentralizadas, sino también en las instituciones privadas que reciben dinero del erario.
Pero en forma adicional, la Contraloría tiene también por delante la labor de hacer los estudios y evaluaciones correspondientes a todos los planes de pensiones complementarios que están vigentes en las instituciones públicas, a los fines de determinar cuáles cumplen con las normas requeridas y cuáles deben ser desmontados en coordinación con la Superintendencia de Pensiones (Sipen). Es un mandato del decreto presidencial 616-12.
Esa delicada tarea no podía ser ejecutada por el anterior contralor general, Haivanjoe Ng Cortiñas, debido a que, precisamente él había sido beneficiado con una elevada pensión del Estado, a través de un fondo de pensiones complementarias de la Superintendencia de Bancos que posteriormente fue disuelto por orden de la Sipen. Es posible que esa haya sido una de las razones por las que el presidente Danilo Medina decidió sustituir a Ng Cortiñas por Rafael Antonio Germosén, pues el titular de esa institución no debía tener el lastre de ningún cuestionamiento de la sociedad, ya sea justo o injustificado.
Pero las energías de la Contraloría no deben concentrarse sólo en ese proceso de depuración de las pensiones complementarias. Esa institución también debe poner énfasis especial en su obligación de fiscalizar el uso de los recursos del Estado, pues se precisa recordar que durante la pasada gestión de gobierno fueron pocos o nulos los pronunciamientos de esa institución en torno a los excesos del gasto público, que ahora se presentan ante el país como un cuantioso déficit fiscal de RD$187,000 millones.
La labor de la Contraloría de la República es de vital importancia, más ahora, que se precisa un mejor uso de los limitados recursos económicos del Estado. l
