La justicia que aspiramos

No nos vamos a cansar de repetir que la mayor garante de la seguridad y la paz es la justicia, pero para cumplir ese cometido requiere de recursos…

No nos vamos a cansar de repetir que la mayor garante de la seguridad y la paz es la justicia, pero para cumplir ese cometido requiere de recursos y medios para su funcionalidad, acorde con las misiones previstas en la Constitución y  las leyes. Porque si no se fortalece el imperio de los jueces, que es el de la ley, no habrá forma de garantizar el orden y la gobernabilidad.

Por eso, vemos con mucha pena el rosario de problemas de planta física, precariedades de servicios, recursos humanos,  y de todo género con que se desenvuelven los tribunales, los jueces y demás servidores judiciales, que con mucha propiedad describió el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, el “Día del Poder Judicial”. Es imposible administrar esa justicia que aspiramos con decoro, seguridad y calidad sin los medios y las garantías para sus servidores.

Ese drama material con que se desenvuelve la justicia tiene que avergonzar. Y no debía ser propio de ese poder del Estado pedir en los términos que necesariamente ha debido hacerlo. Deploramos que el presidente Danilo Medina en su momento no atendiera la solicitud de mayores recursos económicos para la justicia y que tuviera ahora que escuchar de viva voz del presidente de la Suprema, el largo memorial de precariedades y necesidades, cara a cara.

Es loable que Germán Mejía exprese sus satisfacciones con los logros de 2012, particularmente los fallos y en la Jurisdicción Inmobiliaria. Sin embargo, aún la lentitud caracteriza el régimen inmobiliario, en particular la evacuación de sentencias.

Aplaudimos el compromiso con la supremacía constitucional y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas que entraña. Su actitud de auto vigilancia de los jueces y su disposición en la lucha contra el crimen.

Y especialmente, su proclama como garante de la igualdad para todos los justiciables, en un estado de derecho, que respete la seguridad de las personas y sus derechos, en todas sus actividades, para que impere la paz social.

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