En el artículo que publicamos la semana pasada, en el cual analizamos de manera sucinta los primeros diez años de la reforma del sistema de pensiones que comenzó a ejecutarse en nuestro país en el año 2003, planteamos que la acumulación de recursos en las cuentas de capitalización individual pertenecientes a los trabajadores dominicanos, había sido menos intensa que la registrada en otros países de la región, específicamente Chile, el país pionero en esta reforma.
Mostramos que mientras en Chile, durante los primeros diez años de la reforma de pensiones, los balances acumulados en los fondos de pensiones habían alcanzado el 31% del producto interno bruto (PIB), en la República Dominicana apenas habíamos acumulado un 7%. Explicamos que eso se debía en parte a que la flexibilidad que se otorga en Chile a los cotizantes y las administradoras de fondos de pensiones en cuanto a la variedad de los instrumentos de inversión, ha permitido que a los aportes que realizan los trabajadores chilenos se agregue un monto considerable de recursos generados por la rentabilidad obtenida en la inversión de dichos fondos.
Sin embargo, el bajo nivel de acumulación de recursos en las cuentas de capitalización individual en nuestro país, se debe fundamentalmente a que el número de trabajadores que cotiza en el sistema de pensiones es relativamente bajo. Mientras en Chile, al final de los primeros 10 años de la reforma, el 52% de la fuerza laboral estaba cotizando al sistema de pensiones, en la República Dominicana apenas el 29% lo hace.
¿A qué se debe lo anterior? En primer lugar, a la existencia de restricciones en el mercado laboral dominicano, que impiden estimular la creación de empleos, aún en años de fuerte crecimiento económico. Mientras en Chile, a los diez años de la reforma de pensiones, el desempleo era de apenas 4.4%, aquí alcanza el 15%. El desempleado, claro está, no cotiza al sistema de pensiones.
No es por casualidad que República Dominicana exhibe una tasa de desempleo 3.4 veces mayor que la de Chile. No olvidemos que los sobre-costos laborales, es decir, los derivados de los pagos de bonificación, cotizaciones al sistema de pensiones, seguro familiar de salud, accidente de trabajo, Infotep, salario de Navidad, vacaciones, pre-aviso y cesantía, entre otros, son 3.2 veces más altos en nuestro país que en Chile (65% versus 20.3%). A lo anterior se agrega el hecho de que la economía dominicana no ofrece las condiciones para que el sector formal de la economía genere suficientes empleos. En abril del 2013, apenas el 45% de los empleos creados en la economía dominicana habían tenido lugar en el sector formal; la mayor parte (55%) han sido creados por el sector informal de la economía. Al igual de que los desempleados, los trabajadores del sector informal, no cotizan en el sistema de pensiones. Durante el período 2000-2012, de cada 100 empleos que se generaron en la economía dominicana, 75 fueron provistos por el sector informal.
Esta situación contrasta con la que registraba Chile a los diez años de haberse iniciado la reforma de pensiones, pues el 67% de los empleos en Chile en 1992 habían sido creados por el sector formal; el restante 33% por el sector informal.
La reforma de pensiones ejecutada en Chile es probablemente la reforma estructural de ese país que más publicidad ha recibido en el mundo. Es probable que no muchos sepan que un año antes, el 1 de julio de 1979, el ministro de Trabajo y Minería de Chile, José Piñera, quién luego sería el responsable de la reforma de pensiones, ejecutó una de las reformas laborales más ambiciosas de toda la región.
Esa reforma desmanteló una serie de barreras y restricciones que limitaban la capacidad de la economía chilena de generar empleos. Cómo se puede advertir, Chile comprendió desde bien temprano que existe una secuencia óptima para la ejecución de reformas estructurales. Primero eliminó las barreras que existían en su economía para crear empleos buenos en el sector formal. Desmanteladas esas barreras, al año siguiente ejecutó la reforma de pensiones. Mientras más empleos se creaban, mayores cotizaciones se hacían al sistema de pensiones. Por eso, al final de los 10 años de la reforma de pensiones, habían acumulado recursos en los fondos de pensiones como % del PIB casi cinco veces mayores que nosotros.
Algunos podrían decir República Dominicana hizo su reforma laboral en 1992 cuando se aprobó el nuevo Código de Trabajo. Esa reforma, sin embargo, no fue diseñada con el objetivo de flexibilizar el funcionamiento del mercado de trabajo y estimular la creación de empleos.
El tema de la reforma laboral está de nuevo en la palestra ante el anuncio realizado en meses pasados por la administración del presidente Danilo Medina sobre el interés del Gobierno de sentarse con todos los sectores sociales organizados, principalmente los representantes de los trabajadores y empleadores, para evaluar el Código de Trabajo y determinar qué reformas podrían consensuarse para estimular la creación de empleos.
A diferencia de Chile en el período 1979-1980, la República Dominicana opera bajo un sistema democrático donde las reformas no pueden ser impuestas si previamente no se alcanza un nivel razonable de consenso. A fin de evitar una reforma basada en el modelo de la Torre de Babel donde los participantes interactúan en “lenguas diferentes”, lo recomendable sería que el Gobierno cuente con un documento base, elaborado por expertos no relacionados a las organizaciones sindicales y empresariales, que identifique los problemas y ofrezca un menú de posibles de reformas. Sobre esa base, la discusión sería más fructífera.
Los expertos contratados por el Gobierno podrían hacer el papel de facilitadores en el proceso de concertación. Mientras en 1992 los expertos provenían del ámbito del derecho laboral, en esta ocasión, dado que el problema fundamental es de carácter económico, sería conveniente contar con expertos en la economía del mercado laboral.
