El gobierno a veces actúa con una visión de escasa congruencia. Acaba de designar en la dirección del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a Enrique Martínez, que es el administrador de la Lotería Nacional.
Con esa decisión el puesto de la Lotería queda acéfalo. En todo caso, un funcionario destituido o removido no puede abandonar el cargo hasta que no le nombran el sustituto.
Pero resulta que la Lotería Nacional está en medio de una crisis. Está descapitalizada. La ley 139-11 traspasó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el cobro de las contribuciones que hacían las bancas.
La Lotería, una agencia proveedora al extremo, de suerte tal que estaba en capacidad de incluir entre sus beneficiarios hasta a legisladores, ahora no pueden ni siquiera cubrir su nómina.
La ciudadanía no sabe qué pensar respecto a una situación como la que se vive en esa institución, donde se manejó tanto dinero, con los cuales muchos se enriquecieron.
La ciudadanía se halla en el dilema de lamentar las penurias de los empleados que apenas pueden cobrar o celebrar que la Lotería se quede limitada a realizar los sorteos, únicamente con los empleados necesarios. O simplemente, cerrarla y dejar que el negocio de los billetes y apuestas quede en manos de tantas bancas y loterías que hay en el país.
Mientras tanto, el gobierno debe resolver esa incongruencia incomprensible. Relevar a un funcionario de una institución en crisis sin siquiera anunciar el sustituto.
