Lo ideal serían gobiernos menos interventores, lo que sólo sería posible si llegaran a aceptar su carácter esencialmente normativo.
Renunciando a la pretensión de controlar todo el cuerpo social y económico del país, los gobiernos podrían adquirir una mayor capacidad y eficiencia para cumplir con sus funciones reales.
Podrían dotar así al pueblo de los servicios que no han sido capaces de brindar en las áreas tan sensibles e importantes como la educación, la salud, el transporte, la agricultura, entre otras.
Gobiernos menos poderosos de los que hemos sufrido, ayudarían a atenuar además las ambiciones políticas. Menos gente estaría dispuesta a buscar su plena realización en el sector público.
Y, naturalmente, descendería el número de patriotas y revolucionarios dispuestos a darlo todo por la nación y el bienestar colectivo de sus ciudadanos, lo que haría inmensamente feliz a buena parte de la población.
En las sociedades modernas y civilizadas, entre las cuales figuramos, el progreso, la estabilidad y el futuro mismo, guardan estrecha relación con el número de estos patriotas en reserva. Se trata de una ecuación simple: a mayor progreso y tranquilidad menor número de éstos.
En el país hay demasiado controles. Algunos han sido fomentados por los propios empresarios, empeñados en preservar sus privilegios.
La modernidad de que tanto se habla es incompatible con esta realidad. No podemos referirnos a la existencia de un sistema de libre empresa que apenas existe. Las deficiencias que usualmente los funcionarios le atribuyen al régimen de libertad em
presarial son el fruto de las medidas gubernamentales que lo hacen inoperante. El gigantismo estatal estrangula el modelo, en beneficio algunas veces de pequeñas y privilegiadas elites empresariales que obstaculizan el desarrollo nacional.
Estos grupos han tenido mucho éxito en propiciar alianzas con la burocracia gubernamental, en franca conspiración contra los verdaderos intereses nacionales.
