La última versión de la reforma fiscal fue impuesta. No hubo la mínima intención de lograr un acuerdo. Un consenso era imposible. Nadie desea un impuesto más, y con los hechos consumados, no se debe agregar más ingredientes irritantes.
Las autoridades y su brazo represivo deben ser cautas. Muchos indicadores lo recomiendan. Desde el punto de vista político, sabemos que el proceso electoral dejó un amargo sabor en un alto porcentaje de la población que deseaba un cambio. No fue la mayoría, pero se sintió derrotado por el peso del poder. Y así lo hizo saber su candidato. Ese sector tiene un profundo resentimiento contra el grupo gobernante.
Al mismo tiempo, nuevos elementos se han agregado a la dinámica social, especialmente el debate sobre el déficit fiscal, proyectado como si fuese equivalente a un desfalco del Estado. Muchas personas han concluido de esa manera y hasta piden “justicia fiscal”.
Con la reforma convertida en ley, para algunos, estamos en la antesala de una confrontación. De hecho, parece que se apuesta en esa dirección. Una combinación del rechazo a la reforma, más las denuncias muy sesgadas sobre el déficit fiscal, los escándalos con las pensiones y los sueldos lujosos, parecieran sembrar semillas que estimularían descontentos de alto cilindraje.
¿Qué hacer ante lo que algunos definen como un panorama brumoso? Como calmar los ánimos e intentar una racionalización de sus razones fiscales. Esa tarea corresponde a quienes gobiernan. Ese es un camino que tendrían que recorrer, pero necesitan tiempo. Sus críticos difícilmente se lo concederán.
Ante una situación como esa, se requiere cautela, y especialmente, mucho cuidado con el uso de los agentes represivos de la Policía. La Policía, llamada a imponer el orden, suele acrecentar el desorden. La Policía, llamada a preservar la vida, mata a la gente.
Si en la UASD quieren protestar, ¿por qué recurrir a las armas? Y así, en estos tiempos, lo prudente es dejar que la gente se manifieste. Que se produzca la catarsis, dentro del marco de la ley.
