La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene al país la próxima semana a realizar la séptima revisión del acuerdo que tiene el organismo con el país tendrá en esta ocasión un trabajo más sencillo que el anterior.
Probablemente el aspecto que mayor análisis y discusión genere es el relativo al presupuesto del año 2012, porque como el acuerdo vigente es hasta febrero del próximo año, los topes fiscales a los que se ha comprometido el Gobierno, deberán ser aceptados por los técnicos del FMI.
En la discusión fiscal, el aspecto de mayor trascendencia es el ajuste asumido por el Gobierno de un uno por ciento del producto interno bruto (PIB), del cual ya tiene avanzada la mayor parte porque la reforma impositiva que realizó para posibilitar las revisiones quinta y sexta del acuerdo aportan el equivalente a 0.6% y el restante 0.4% deberá obtenerlo a través de reducción del gasto.
Desde mayo pasado los técnicos del Gobierno trabajan en la formulación del presupuesto del 2012, según informaciones extraoficiales. Esas labores han sido en una especie de “marco macro fiscal”, para caer en el tema del presupuesto propiamente.
Una revisión a los compromisos descritos en la última carta de intención presentada por el Gobierno al FMI refleja que las medidas fuertes, con carácter de ajustes, ya han sido planteadas y en aplicación la mayoría.
De los compromisos asumidos por el Gobierno que pueden considerarse como ajustes, sólo falta el relativo al envío al Congreso de un proyecto de ley que introducirá un mecanismo de ajuste automático para la “tarifa técnica” de electricidad. Esa medida, que según la última carta de intención será presentada en septiembre próximo, busca que la tarifa refleje los cambios en los costos de la generación, transmisión y distribución.
Su presentación se hará “en consulta con los técnicos del FMI” por lo que se estima que los detalles del proyecto serán discutidos con los miembros de la misión que llegan al país el próximo lunes. Los representantes del FMI centrarán sus revisiones en temas y metas cuantitativas asumidas por el Gobierno para el tercer trimestre del año.
Acuerdo en tramos
Como el acuerdo está diseñado en forma de tramos, cada desembolso necesita de la aprobación por parte del Fondo de las metas cuantitativas y estructurales asumidas por el Gobierno. En el caso de las cuantitativas se refieren a topes en las áreas monetaria y fiscal. En la primera se miden las reservas internacionales del Banco Central y los agregados monetarios. En el caso de la parte fiscal, se chequean los topes asumidos por el Gobierno, como el caso del 12% de reducción del gasto, excluyendo el gasto social.
Para el caso actual prácticamente no hay meta estructural, porque las reformas que el Gobierno asumió como compromiso ante el FMI fueron hechas las más importantes, como los impuestos aprobados en julio pasado.
Se considera que una vez concluida la séptima revisión, quedará pendiente la de final de año, que sería un poco más compleja, porque incluirá ya los aspectos definitivos del presupuesto del 2012, un año electoral que además implica el período final del acuerdo, que tiene la particularidad de ser un pacto con un gran componente de apoyo presupuestal, fuera de los clásicos pactos para suministrar recursos exclusivamente para balanza de pagos. En el acuerdo vigente, más de la mitad de los US$1,700 millones fue para apoyo presupuestario.
