El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a través de declaraciones de su presidente, hizo la semana pasada un llamado al Gobierno dominicano sobre la necesidad de detener o “parar” el aumento del endeudamiento público.
El CONEP tiene razón. Hay que detener el aumento del endeudamiento externo e interno del sector público.
No porque de continuar tendríamos que acudir a un acuerdo con el FMI, pues un buen acuerdo con el organismo internacional podría contribuir a moderar los efectos de reformas que persiguen restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitando una caída brusca del crecimiento. Hay que detener el aumento del endeudamiento público porque de no hacerlo a tiempo, pondríamos en riesgo el gran avance que ha registrado la República Dominicana en los últimos 12 años en materia de crecimiento económico, generación de ingresos y riquezas, creación de empleos y reducción de la pobreza.
El crecimiento anual promedio de nuestra economía ha sido de 5.8% en ese período de 12 años, el más alto de la región después de Panamá. Nuestro ingreso per cápita en US$ internacionales (PPP) ha crecido en 116% entre 2004 y 2016, es decir, se ha más que duplicado. En ese período de doce años se habrán creado un millón y medio de empleos.
Y la pobreza, ya sea que se mida con la línea de pobreza del MEPyD o de CEPAL, habrá bajado en cerca de 22 puntos porcentuales entre 2004 y 2016. Esos son logros que los dominicanos, independientemente de nuestras preferencias políticas, afiliación sectorial o profesional, nivel de ingreso o creencia religiosa, no debemos arriesgar.
La verdad es, sin embargo, que lo estamos haciendo. La deuda pública terminó en 2015 en 49.2% del PIB cuando consolidamos la del Gobierno central, la del resto del sector público no financiero y la del Banco Central. No cerró en más de 52% debido a la exitosa operación de amortización anticipada con un descuento considerable de la mayor parte de la deuda que tenía el Gobierno con PDVSA (Petrocaribe).
Cuando observamos nuestra posición en el ranking del endeudamiento público consolidado en América Latina, se percibe que estamos por encima de la media de la región. Algunos podrían argumentar que no estamos tan mal pues hay países como Jamaica (134.0%), Brasil (73.7%), Uruguay (61.9%), El Salvador (61.9%), Costa Rica (60.3%), Argentina (56.5%), Colombia (53.9%) y México (51.9%) con mayor endeudamiento público que nosotros. Eso es cierto, pero incorrecto.
Para tener una visión más clara del problema del endeudamiento público, debemos conocer el peso que el mismo ejerce sobre las finanzas públicas. Un indicador que nos ayuda a tener una idea más clara es la relación existente entre la deuda pública y los ingresos tributarios.
Si echamos un vistazo al ranking latinoamericano encontramos que la deuda pública como porcentaje de los ingresos tributarios en nuestro país alcanzó un 362% en 2015, siendo sólo superada por Jamaica (554%) y El Salvador (375%). En otras palabras, el indicador de alerta roja está definitivamente prendido y hay que actuar. Seríamos un país de irresponsables si nos cruzamos de brazos frente a esa realidad.
La oposición política y algunos empresarios han indicado que la razón fundamental del aumento considerable del endeudamiento público es el excesivo gasto del Gobierno, atiborrado según ellos, de gastos improductivos y superfluos. ¿Es realmente excesivo el gasto público en nuestro país? Si entramos a la base de datos del World Economic Outlook del FMI actualizada el martes de la semana pasada, descubrimos lo siguiente: el gasto del Gobierno general de la República Dominicana en el 2015 ascendió a 18% del PIB, el más bajo de la América Latina y el Caribe, luego de Guatemala (12.2%).
El promedio de los países de la región en el 2015, excluyendo a República Dominicana, fue de 29%. No parece razonable argumentar que el problema del aumento del endeudamiento público en la República Dominicana se debe a que el Gobierno ha estado operando en los últimos años con un gasto público elevado.
Nadie en su sano juicio podría argumentar que no existen gastos públicos improductivos en nuestro país. Pero el que crea que su necesaria eliminación irremediablemente se traduciría en una reducción del déficit público y, por tanto, de las necesidades brutas de financiamiento interno y externo, probablemente no reside en el país. Sólo hay que leer la prensa y ver la televisión para darse cuenta de las crecientes demandas de la población por mayor inversión del Gobierno en salud pública, en seguridad ciudadana y aumentos salariales para nuestros policías, mayor asignación presupuestaria al Poder Judicial, reparaciones de calles, construcción de acueductos y viviendas, entre otros.
No nos engañemos. La razón fundamental del elevado nivel de endeudamiento público es la baja capacidad recaudatoria que exhibe el Gobierno dominicano. El año pasado, los ingresos tributarios apenas representaron un 13.6% del PIB, el nivel más bajo de la América Latina y el Caribe, después de Guatemala (12.6%). ¿A qué se debe esto? En parte a que la República Dominicana es el país de la región con las mayores exenciones tributarias. En el 2015, el costo fiscal de las exenciones tributarias, el llamado gasto tributario, ascendió a 6.7% del PIB, tres veces mayor que el nivel incurrido por el Gobierno de Panamá (2.27%), la economía de mayor crecimiento de la región durante los últimos 12 años. La cantidad de nuestros incentivos tributarios a la inversión no tiene competencia en la región: ofrecemos 94, dejando muy atrás a Nicaragua con 66 y a Chile con 2. La gran cantidad y variedad de exenciones tributarias, a su vez, ha limitado considerablemente la capacidad de nuestras direcciones generales de recaudación para elevar los niveles de eficiencia recaudatoria.
Los dominicanos tendremos que decidir lo que haremos. Se nos acaba el tiempo. Podemos seguir incurriendo en déficit públicos superiores al 5% del PIB con la esperanza de que fuera y dentro del país le sigan prestando al Gobierno y al Banco Central. Que nadie tenga dudas. Cada vez será más difícil llenar el tanque de las necesidades brutas de financiamiento. Un día no muy lejano, tendremos que enfrentar las implicaciones del “sudden stop” del financiamiento. El ajuste, en ese caso, sería traumático y muy doloroso. La otra opción es la de actuar con responsabilidad y a tiempo, protegiendo la excelente imagen que se ha ganado la República Dominicana como una de las economías más exitosas de la región durante los últimos 12 años. Y en eso, el CONEP debe jugar un papel clave, explicando a muchos de sus asociados que los sacrificios iniciales de ellos que demanden las reformas responsables, a mediano y largo plazo se traducirán en beneficios para sus empresas y para la nación.l
Los artículos de Andy Dauhajre en El Caribe pueden ser leídos en www.miprd.org/andy
