Hay crímenes más sentidos que otros. La víctima y las circunstancias que lo rodean, son claves para determinar la intensidad del dolor colectivo y el reclamo para que los responsables del hecho sean atrapados y sometidos a la justicia.
Y la ira puede ser tan grande, que algunos hasta de manera inconsciente quisieran que a los asesinos se les pague con la misma moneda, como si anhelaran el imperio de la Ley del Talión con su “ojo por ojo y diente por diente”, y no una Constitución que nos impone el respeto al debido proceso y la garantía de los derechos fundamentales, como el de la vida. “Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego”, decía Gandhi.
Y a veces quienes buscan a los supuestos homicidas se tornan vengativos y el odio los arropa, sobre todo si el caído era de la familia y su muerte causa tristeza en la sociedad; y sin pensarlo van de cacería tras ellos, dispuestos a todo, como si tuvieran patentes de corso para herir o matar. Y con esos prejuicios, el desenlace es predecible.
Este escenario se asemeja al ocurrido luego del cobarde asesinato de la oficial adscrita a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), Mercedes del Carmen Torres. Los alegados culpables “murieron en un intercambio de disparos”, y coloco esa frase entre comillas, pues está desprestigiada, aunque sea cierta en ocasiones. Es más, desde antes se sabía que esas muertes eran inevitables. Podíamos escribir la noticia desde el mismo momento en que la dama expiró.
Sobre este tema debemos reflexionar bastante. No puede pasar por alto, reconociendo que lo primero es enfrentar las causas de las conductas de esos delincuentes. Pero eso toma tiempo y las soluciones no se vislumbran en lo inmediato. Por ahora se debe comprobar si realmente los abatidos tenían relación con el caso, si enfrentaron con armas de fuego a la Policía Nacional, y si a los agentes no les quedó otro camino que dispararles, pues sus vidas estaban en peligro. Todo eso debe investigarse. Y nadie puede ofenderse.
La Policía Nacional ha mejorado en muchos aspectos. Es innegable. Cuenta con miembros capacitados y dispuestos a cumplir su deber, aun en condiciones precarias. Pero todavía existen serias deficiencias, entre ellas la cultura del “denle para abajo”.
Y recordemos que los únicos que pueden establecer si alguien es inocente o culpable e imponer las sanciones de lugar –y nunca la pena de muerte- son los jueces.
Confiamos en que la verdad se conozca con relación a los hechos narrados, tanto porque debe ser así, como especialmente por el bien de la Policía Nacional. Y haréis justicia.
