El costo de la tardanza del Pacto Fiscal

La semana pasada, el FMI advirtió sobre la necesidad de una reforma fiscal que amplíe la base tributaria reduciendo las exenciones y que contribuya a contener el gasto público. A ello sumó la urgencia de reducir el déficit del sector eléctrico&#8230

La semana pasada, el FMI advirtió sobre la necesidad de una reforma fiscal que amplíe la base tributaria reduciendo las exenciones y que contribuya a contener el gasto público. A ello sumó la urgencia de reducir el déficit del sector eléctrico que se traga un 10% del presupuesto cada año. Para ello, el Fondo reiteró su propuesta de ajustar la tarifa del servicio.

Para calmar temores, el Gobierno reaccionó de inmediato reiterando que por el momento, no se propone impulsar una nueva reforma tributaria ni incrementar el precio de la energía.
 
Algunos medios de prensa reprodujeron de manera inexacta la noticia, afirmando que el Gobierno había dicho que no habría Pacto Fiscal. A pesar de ese error, la idea de que no se alcanzará tal acuerdo tiene mucho sentido, por lo menos por el momento.

La principal contribución a ello la puso el Gobierno a fines de 2012 cuando quiso pasar una reforma tributaria por un Pacto Fiscal, en un contexto de una amplia irritación pública asociada a la corrupción y a la desastrosa situación fiscal imperante.  Eso se suma a tres elementos que vienen de lejos. Primero, el desgaste del tema de las reformas fiscales en el país por la secuencia de reformas, la mayoría de poca profundidad (parches); segundo, la percepción generalizada de un uso dispendioso, clientelar y corrupto de los recursos públicos; tercero, las resistencias de sectores beneficiarios del estatus quo, tanto por el lado del gasto como por el de los impuestos, y de los sectores potencialmente amenazados con incrementos en las elevadas cargas que soportan. Los beneficiarios incluyen a sectores exentos, a proveedores y contratistas políticamente vinculados quienes podrían ver reducido el poder de decisión de sus socios, y al aparato partidario que cobra en el Estado sin mayores méritos o aportes y quienes, en el marco de un verdadero proceso de saneamiento de la función pública, verían sus espacios reducidos significativamente.

Lo anterior dibuja un escenario tremendamente complicado para avanzar un diálogo fructífero. Muy probablemente el presente año se agotará en la negociación del Pacto Eléctrico. Ello dejaría la negociación del Pacto Fiscal para el último año y medio de gobierno, y si éste llegara a buen término, lo cual es de por sí difícil por lo antes expuesto, su cumplimiento iniciaría, en el mejor de los casos, hasta entrado el 2016. Esto introduce un elemento adicional, la ausencia de una administración de gobierno directamente afectada y beneficiaria de los resultados del Pacto, lo cual puede jugar de varias maneras. La perspectiva más obvia es que el liderazgo del Gobierno puede perder impulso. Otra lectura es que en la medida en que va de salida, la apuesta del Gobierno podría estar menos marcada por el interés de recaudar y más por lograr dejar un legado ampliamente aceptado.

De una u otra forma, la tardanza en lograr una estructura fiscal más sostenible y equitativa no es una buena noticia porque lo que promete es más de lo mismo por un buen rato, en un contexto de recrudecimiento de las presiones fiscales.

Por un lado, el déficit del sector eléctrico y el gigantesco subsidio asociado se mantendrán incólumes por los próximos tres años porque las nuevas inversiones no estarán listas antes y muchos de los contratos no vencerán antes de 2016. Por otro lado, la carga de la deuda seguirá presionando y quizás aumentando moderada pero sistemáticamente. Mientras tanto, en este momento no hay señales de que el Gobierno esté dispuesto a gastar mejor de una manera lo suficientemente significativa como para lograr ahorros importantes que contribuyan a reducir el déficit y la demanda de financiamiento; tampoco, en su defecto, como para reorientar el gasto y hacer que el déficit y la deuda valgan verdaderamente la pena.

Esto junto a otros elementos como una deuda más cara en lo adelante por el aumento de las tasas de interés internacionales, riesgos de menores precios del petróleo y por ende menores recaudaciones, y algunos compromisos de aumento de gastos apuntan que los dos últimos años de gobierno serán de mayores restricciones fiscales.

Lo anterior da mucho sentido a la preocupación de fondo del Fondo: que una prolongación de esta situación continúe incrementando la deuda y termine llevando a un ajuste abrupto y doloroso. Mientras más tiempo tardemos en cambiar el sistema fiscal, peor será.

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