El Retorno Neto de Fundición (RNF), hasta ahora el único concepto de ingresos fiscales que tiene el Gobierno asegurado de su relación contractual con la Barrick, tiene un retraso de pagos.Una aparente diferencia en los valores declarados por la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) provocó un retraso de al menos tres meses en el pago del RNF o “regalía”, que es un 3.2 por ciento de las exportaciones de doré que hace la empresa. Ese retraso trastornó incluso las metas de recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el primer trimestre del año en curso.
La regalía, definida en los contratos mineros con el nombre de Retorno Neto de Fundición, es según el geólogo Osiris de León “lo único seguro que tiene el Gobierno” de ingresos por el contrato con la minera que explota los yacimientos de oro, plata y zinc de Pueblo Viejo, Cotuí . “Lo otro es cuando la Barrick recupere su inversión y tenga una rentabilidad sobre el 10 por ciento”, agregó.
La DGII en su informe de recaudación del período enero-marzo del año en curso, explica que sus metas de recaudación para ese período se cumplieron en un 99%. Identifica como una de las causas de ese incumplimiento la falta de pagos de la minera, por concepto de RNF.
Precisa que se deben tener en cuenta varios factores, el primero de los cuales es que “no se ha efectuado el pago del Retorno Neto de Fundición por parte de Pueblo Viejo Dominicana Corporation”.
Explica que el no pago se debe a que “se están haciendo” ajustes a la declaración jurada de la empresa minera. Por esa situación se generó una diferencia de RD$337.8 millones con la meta de recaudación de la DGII para el primer trimestre del año.
El contrato entre el Estado dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation establece que la minera pagará el RNF dentro de los 10 días siguientes al final de cada mes, con respecto a todas las ventas de minerales sujetos a regalía exportadora desde la República Dominicana. El contrato sólo excluye del pago a los minerales cobre y zinc.
29 embarques
Hasta la semana pasada la minera había hecho unos 29 embarques, algunos de los cuales fueron retenidos por la Dirección General de Aduanas, por irregularidades en las declaraciones de exportación. Uno de esos embarques retenidos fue devuelto del aeropuerto Las Américas a los depósitos de la minera. El primero fue autorizado luego de tres días de retención.
En torno al caso, la DGA tiene abierta una investigación de todos los embarques realizados por la minera antes de las retenciones, en el supuesto de que las fallas en las declaraciones son pasibles de multas equivalentes al doble del valor de la mercancía declarada con irregularidad.
Las operaciones de la PVDC están amparadas en un contrato que les concede una amplia gama de facilidades impositivas, que hace que los pagos al Estado sean bajos.
El 27 de febrero pasado, en el discurso de rendición de cuentas que pronunció en el Congreso Nacional, el presidente Danilo Medina dijo que es inaceptable la exigua proporción de ingresos para el país que contempla el acuerdo con la Barrick y pidió a la empresa que acepte revisar los términos fiscales del contrato.
Le concedió un plazo prudente para que decida aceptar amigablemente la revisión o de lo contrario propondría al Congreso un impuesto para gravar los ingresos extraordinarios por exportaciones de minerales de las mineras que operan en el país. El plazo “prudente” concluye este mes, según declaró recientemente el ministro de la Presidencia, quien es jefe de las negociaciones.
Diferentes entidades y personalidades del país han expresado su apoyo al interés del Gobierno de obtener una mayor participación de ingresos por las operaciones de la Barrick.
También han apoyado la propuesta de que se negocie la modificación del contrato, citando incluso la conveniencia de que se retome el que el Estado firmó con la minera Placer Dome, que fue modificado cuando esta minera vendió sus intereses a la Barrick Gold. En el contrato original se preveía que el Estado recibiría un 50% de los beneficios generados por la extracción de oro, plata y zinc de la minera de Pueblo Viejo.
Con la modificación al contrato original se agregaron cláusulas según las cuales los pagos diferentes al RNF los hará la minera a partir de cuando recupere su inversión y logre un retorno igual o mayor al 10%. Las dos condiciones deben darse para que la minera haga pagos por utilidades netas, concepto defimido en el contrato como PUN, cuya tasa prevista es de 28.75 por ciento.
La empresa ha dicho en distintas ocasiones que ha invertido aproximadamente US$4,000 millones. Esa cifra ha sido cuestionada por diferentes organizaciones y personalidades, que incluyen al experto Osiris de León, quien ha sugerido que se audite la inversión, por temor a que los números sean alterados por la minera, para evadir el pago al Estado dominicano.
