Desde hace unos meses se ha intensificado en nuestro país un debate que comenzó hace más de una década y ya en los últimos días se ha producido una interesante discusión en el Congreso Nacional por la propuesta de aumento de las sanciones de hasta sesenta años de prisión contenida en el proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal Dominicano.
Aunque con diferencias, la mayoría de los asistentes a las vistas públicas que se han producido para discutir el proyecto de ley apoya el incremento de los años máximos imponibles de prisión. Y con muy buenas intenciones, juristas, legisladores y algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan temas relativos a justicia y derecho han defendido la posición de incrementar las penas previstas en el Código.
Muchas razones de peso dan lugar a tal corriente de pensamiento y la citada iniciativa, no sólo jurídicas sino también emocionales, toda vez que los dominicanos tenemos muy fresco en la memoria tantos horrendos crímenes para los que treinta años de prisión obviamente son insuficientes.
Una profunda discusión sobre el tema es prudente y la modificación de la desactualizada pieza vigente es, desde hace tiempo, muy necesaria. Sin embargo, en términos de búsqueda de soluciones a la creciente delincuencia e inseguridad ciudadana que está arropando a la República Dominicana, móvil principal de muchas de estas discusiones, la urgencia en estos momentos radica en otra cosa.
De nada sirve aumentar las penas si el proceso conducente a que las penas sean efectivamente aplicadas a los que delinquen tiene fallas abismales.
Ante un proceso deficiente y con muchos elementos tipo comodines que facilitan a los delincuentes no obtener sentencias condenatorias o salir con extrema facilidad de las cárceles, ninguna pena, por grande que sea, tendrá suficiente carácter disuasivo ante un criminal que sabe que posiblemente nunca llegue a la fase en la que la misma pueda ser aplicada.
Por tal motivo, antes que hablar de intensificar penas, se hace urgente y prioritaria la voluntad política seria de ajustar las partes del proceso que la práctica, los numerosos casos y el tiempo han demostrado que lejos de funcionar constituyen algunas de las causales por las cuales hay tantos delincuentes reincidentes en las calles dominicanas.
Si el procedimiento que debe desembocar en la aplicación de sanciones no funciona, evidentemente, la prioridad es otra.
