Participación Ciudadana dice el tiempo es el peor enemigo  del MP en el caso Odebrecht

El movimiento Participación Ciudadana consideró  este martes que el tiempo  se está  convirtiendo en el peor enemigo del Ministerio  Público en el caso  Odebrecht y entiende que en el expediente deben incluirse  a “los reales responsables”.

El movimiento Participación Ciudadana consideró  este martes que el tiempo  se está  convirtiendo en el peor enemigo del Ministerio  Público en el caso  Odebrecht y entiende que en el expediente deben incluirse  a “los reales responsables”.

“ La cooperación jurídica internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos, pero hay que recordarle al Ministerio Público que el tiempo se está convirtiendo en el peor enemigo de sus actuaciones, y que debe activar otras diligencias e incluir a los reales responsables que aún no han sido identificados pero que es notoria la necesaria inclusión de otras personas que han tenido participación en los hechos investigados”, dijo  la entidad al criticar la solicitud de la Procuraduría de extender en cuatro  meses adicionales el plazo para la investigación del caso.

Dijo  que frente a la complejidad del caso, es razonable la necesidad de la prórroga ante la confesión del Ministerio Público de que aún no está listo para presentar acusación.

Sin embargo, señaló  que las actuaciones del procurador, Jean Alain Rodríguez, se comparan con otras acciones procesales de otros países, donde ya se cuentan con condenas incluso hasta de un vicepresidente de la República.

Participación Ciudadana señaló que  nueva vez manifiesta el órgano acusador su dificultad de reconstruir los   hechos materiales de los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht.

Consideró  que ese reconocimiento  desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y fomentan las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

El movimiento entiende que es preocupante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la Procuraduría General.

“Esta –la Procuraduría- justificó el acuerdo alegando que el mismo ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado”, dijo Participación Ciudadana.

Recordó  que a la fecha  todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no hay un claro entendimiento sobre lo prometido y no cumplido por la empresa Odebrecht.

Participación Ciudadana calificó de penosa la escasa «vocación» para desentrañar este escándalo, ya que la Procuraduría General de la República no se ha referido a la instancia que presentaron ellos y otras entidades «para que se investigue el destino de los 4 millones 396 mil dólares transferidos de empresas de Odebrecht en Perú a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina”.

“Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante”, entiende la entidad.

Dijo que los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del caso de gran corrupción que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana.

Señaló que están obligados a pedir excusas y proceder  firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian.

“Se debe priorizar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos hace años demandadas para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional”, agregó.

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