La dirigente política es investigada por la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, fruto de una denuncia de la Federación Trans.
El artículo 14 de la constitución española, sobre derechos fundamentales y libertades públicas expresa: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El artículo 16 establece la libertad ideológica.
La política española Lidia Falcón conoce estos artículos con una singular profundidad. El día 13 de diciembre cumple sus 85 años, precedida de una fructífera carrera política e intelectual, que empieza en su adolescencia, dentro de la militancia comunista. La actual presidenta del Partido Feminista de España ha publicado 43 libros, incluyendo ‘El varón español en búsqueda de su identidad’, ‘En el infierno: ser mujer en las cárceles de España’ y ‘Los nuevos machismos’. Es abogada y hasta la fecha tiene más de sesenta (60) años representando mujeres víctimas de violencia machista dentro de los tribunales. Fue perseguida durante la dictadura de Francisco Franco y es sobreviviente de sus peores atrocidades.
Hoy, Lidia Falcón está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, junto con la Dirección General de Igualdad de Cataluña, fruto de una denuncia de la Federación Trans. Fue citada para este 14 de diciembre. ¿Por qué? Quizás por sus opiniones expresadas en artículos periodísticos, entrevistas y comunicados públicos, denunciando los peligros que, según el Partido Feminista, representan las políticas de “identidad de género” para los derechos de la mujer y la niñez.
Particularmente, Falcón ha sido resoluta en su oposición a un proyecto de ley respecto al tema y a la instrumentalización de la niñez con fines políticos por parte del colectivo trans, desde donde se promueven tratamientos médicos experimentales con niños y niñas, en las llamadas “clínicas de género”.
Usted es política y abogada. ¿Que llega primero a su vida: el amor por la política o el amor por el derecho?
Lo primero es el amor por la política. Soy hija de comunistas y nieta de anarquistas, y por lo tanto represaliadas en mi país de una manera terrible. Inicialmente, fusilaron a uno de los miembros de mi familia. Mi madre, mi abuela, mi tía y todas las mujeres de mi familia quedamos solas. Eventualmente, a los hombres los mataron a todos, así que siempre estuvimos en la oposición antifranquista.
El derecho era una carrera para tener una profesión y salir adelante económicamente. Siempre digo que yo no escogí el Derecho, sino que el derecho me escogió a mí.
En el 1979, usted funda el Partido Feminista de España. ¿Qué la inspira a dar ese paso?
Yo ingresé en el Partido Comunista de España, en la clandestinidad, en el año 1959 cuando tenía 23 años. Nuestra batalla y objetivo principal en ese entonces era acabar con la dictadura. Nos arrestaban, nos impedían escribir y nos mataban. Pero el estudio de las condiciones de explotación y de opresión de la mujer lo fui haciendo a lo largo de muchos años, a través también de mis estudios de marxismo.
Eso me llevó a la conclusión de que la mujer es una clase social explotada por el hombre, como clase dominante, que necesitaba sus propias organizaciones de defensa. Soy también abogada de familia, litigando dentro de los tribunales contra la violencia machista desde el año 1960. Así que he visto toda la opresión y la explotación que viven las mujeres no solo en España, sino alrededor del mundo.
En el 2019, el Partido Feminista se pronuncia contra el proyecto de Ley Trans. ¿Cuáles son sus planteamientos?
Nosotras nos oponemos a que se quiera legislar la idea de que todo el mundo tiene una “identidad de género”. Para empezar, nosotras nos oponemos al término “género”. El termino género es un constructo lingüístico que ha desplazado las categorías marxistas, y ha desplazado a las categorías antropológicas. Es decir, alega que no existen ni los hombres ni las mujeres.
Este Proyecto de Ley propone abolir las palabras “hombre” y “mujer” y sustituir los términos “padre” y “madre” por “progenitor gestante” y “progenitor no gestante”. Esos son los monstruos lingüísticos que acarrean del posmodernismo. Aparte de que pretende reconocer legalmente dentro del registro civil, a toda aquella persona, que se manifieste por su solo deseo, del otro sexo. En su mayoría estamos hablando de hombres que aseguran ser mujeres en momentos dados. Esto tiene consecuencias para los deportes, los recintos penitenciarios, los refugios para víctimas de violencia, las investigaciones científicas y las cuotas feministas en las que ser mujer es un factor determinante. Nos encontramos en un punto de la historia en el que las mujeres desaparecen legalmente dentro de las políticas públicas.
Nuestra objeción principal concierne a las ramificaciones de este tema en la niñez. Los menores de edad no tienen capacidad legalmente ni siquiera para votar. ¿Por qué no dejamos que los niños de ocho años voten? En cambio, en diciembre 2019, el colectivo trans instrumentalizó un menor de ocho años, presentándolo como una niña ante la Asamblea de Extremadura para que pronunciara un discurso político redactado por personas adultas con el fin de conseguirle un documento nacional de identidad de niña.
Eso es solo el papeleo inicial, porque a medida que avanza el proceso, se incentiva que menores de edad utilicen bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto y eventualmente, cirugías innecesarias. Esto es inaceptable, no solo bajo la reflexión marxista, sino que es simplemente inaceptable en un mundo sensato. Estas dinámicas parecen provenientes de un mundo demente, una distopia.
Hoy la Fiscalía contra Delitos de Odio ha iniciado un proceso contra usted. ¿Qué opinión le merece esa citación?
l Efectivamente, en diciembre del 2019, el Partido Feminista publica un comunicado en contra del Proyecto de Ley Trans y aparentemente en consecuencia, estoy siendo acusada dentro de un proceso de delito de odio. La democracia en España, por lo visto, tiene algunas barreras o muros que se les han colocado a la libertad de expresión y de crítica a un proyecto de ley.
La persona que interpone la querella, en representación de la Federación Trans de España, vivía en Sevilla, que queda el sur de España. Interpone la querella en Barcelona, que está ubicada al otro extremo de la península, en el norte. Coloca la querella contra mí como “delito de odio”, por el texto que habíamos aprobado como partido político.
Esa denuncia luego la apoya el gobierno de Cataluña. Yo vivo en Madrid. Es decir, nos encontramos aquí frente a un proceso político en el que los límites jurisdiccionales aparentan ser inexistentes. Una persecución política en la que una persona recorre el país entero, en busca de una Fiscalía que sea receptiva a acoger la denuncia. El Fiscal de Delitos de Odio de Barcelona acoge la denuncia que, desde el punto de vista legal, no debió haber aceptado por cuestiones territoriales. Lo traspasa y hoy en día, la Fiscalía de Madrid lo ha asumido.
¿Cuáles son los cargos?
l La citación no dice de qué me acusa. En un proceso democrático, el fiscal debe detallar los delitos que he cometido para pretender interrogarme como inculpada. Pero esta citación es muy escueta. Me dicen que vaya el 14 de diciembre 2020 a tal dirección, para responder como inculpada por la acusación de delito de odio y que acuda con abogado. Es decir, no están cumpliendo la ley.
Pero estos dos puntos: la jurisdicción del supuesto delito e informarle a la persona imputada cuáles son los cargos de los que se le acusa, son principios fundamentales del Derecho.
Exactamente. Espero que, en España, a mí me ampare la Constitución. Que no sea solamente al colectivo trans. Y que yo tenga derecho a un juicio justo, que tenga derecho a saber la acusación que me imputan y a defenderme.
Usted fue perseguida por sus ideas políticas durante la dictadura de Francisco Franco.
¿Qué aprendió sobre los derechos políticos y las libertades de expresión durante esta época?
A mí me procesaron seis o siete veces por delitos de opinión. El último proceso fue en el 1982, por un artículo que escribí para la revista Interview sobre el intento de golpe de Estado del 1981. Creí que sería el último de los procesos que sufriría, pero aparentemente no. Yo fui perseguida por mis opiniones políticas durante la dictadura de Franco, ahora quien me persigue es el colectivo trans.
Aprendí y reflexioné en relación a que no soy partidaria de perseguir ninguna opinión. El momento en el que abrimos la puerta a perseguir opiniones, no sabemos en qué punto acabaremos. Esto además sirve para nuestros enemigos. Los enemigos con poder son los más importantes, pero también hay pequeños enemigos… Que se aprovechan de políticas públicas que les permite perseguir a todo aquel que no les guste. Y si lo que yo digo no les gusta, pues estoy en su punto de mira. Pero lo peor no es que a ellos no les guste. Lo peor es que la ley ampare estas conductas antidemocráticas y autoritarias.
