La República Dominicana está bajo ataque de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del gobierno de los Estados Unidos y organizaciones de Haití por las repatriaciones de haitiano ilegales que están en territorio dominicano.

Los pronunciamientos en contra de las repatriaciones de ilegales que lleva a cabo el gobierno
dominicano a través de la Dirección General de Migración, se han producido en los últimos siete días. El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, llamó la atención de las autoridades del país el pasado diez de este mes. Ocho días más tarde, lo hizo la embajada de Estados Unidos en el país y ayer Haití cerró el mercado en Dajabón en protesta por las repatriaciones de sus nacionales.

Ayer, organizaciones de los derechos humanos de Juana Méndez en Haití cerraron la puerta de la frontera entre esta ciudad y Dajabón, impidiendo la celebración de las actividades del mercado fronterizo que se realiza los lunes y viernes.

Un día antes del pronunciamiento del funcionario de la ONU, el 9 de este mes, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre del presente año, 60 mil 204 ciudadanos haitianos fueron repatriados a su país por Migración.

Ante los ataques que recibe el país, el presidente Luis Abinader, su gobierno a través de la Cancillería, los empresarios y los líderes de los principales partidos políticos, han reaccionado en rechazo a las acusaciones contra la República Dominicana. El presidente Abinader advirtió al comisionado de las Naciones Unidas que es una irresponsabilidad la afirmación comta el país y le advirtió que incrementará la repatriación de ilegales.

“La política migratoria de cada país es potestad de cada Gobierno, por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables”, afirmó Abinader.

Desde la oposición el expresidente Leonel Fernández respondió a la acusación de la ONU advirtiendo que su solicitud de detener las repatriaciones de ilegales extralimita los términos de la Carta que rige el funcionamiento de la ONU. “Las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas no solo son inaceptables, sino que exceden el mandato al que está llamado el Alto Comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada Estado”, señala el documento.

Refirió que la República Dominicana conserva el poder absoluto en la elaboración y ejecución de sus políticas migratorias, incluyendo los procesos de deportación, siempre que estos no sean contrarios al derecho internacional público.

Citó el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, relativo a los principios que rigen el funcionamiento del organismo internacional, que le niega autoridad para intervenir en asuntos de los Estados.

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, también rechazó la solicitud del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y defendió la autonomía de la República Dominican. La declaración del comisionado de la ONU, de exigir al país el cese de las deportaciones, incluye acusación de xenofobia.

Haití fijó posición en torno a deportaciones

El Gobierno haitiano condenó e el trato “vergonzoso” e “inhumano” que reciben sus ciudadanos en República Dominicana, país que ha deportado a miles de haitianos indocumentados en las últimas semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos expresó en un comunicado estos “tratos vergonzosos e inhumanos que empañan la imagen de la República Dominicana en todo el mundo y ponen en peligro el espíritu de paz y armonía que deben guiar las relaciones entre los dos países que comparten la isla”. Sin embargo, Haití reconoce el derecho soberano de República Dominicana a regular los flujos migratorios dentro de su territorio según su legislación y los convenios internacionales debidamente ratificados.

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