Desde que la Procuraduría General de la República estableció las tarifas para las multas a cobrar a las personas, comercios y vehículos que violenten el toque de queda, medida dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar.
El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, informó ayer que invitará a representantes de la Procuraduría “para que expliquen hasta dónde debe llegar su competencia para imponer pago de multas por violación al toque de queda”.
De igual modo, dijo que se invitará a la reunión de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, al director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, “para que explique en qué medida se le ha salido de las manos evitar que sus agentes cometan atropellos contra ciudadanos denunciados a través de la redes sociales”.
Indicó que tanto la Policía como la Procuraduría deben acudir al Congreso Nacional ante la comisión para explicar el porqué de las medidas violatorias a los derechos humanos y la Constitución.
La invitación se hará mediante una modificación a la resolución interpuesta por el legislador de Espaillat, Carlos Amarante García, en la cual solicita al presidente Luis Abinader ordenar a la PGR suspender el cobro de las multas que se impone a las personas que son detenidas por violar el toque de queda.
De su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana (CNDH-RD), solicitó a la procuradora Míriam Germán Brito a que reconsidere su decisión y deje sin efecto la disposición, debido a que según ellos, está violando la ley y la Constitución.
El presidente de la Comisión, Manuel Mercedes, expresó que el órgano persecutor de la corrupción no tiene facultad jurídica para establecer esas multas.
Mientras que Juan Rondón, encargado de Asuntos Civiles y Político de la Comisión, dijó que de la Procuraduría no acatar el llamado el miércoles estará depositando una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
De su lado, el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, aclaró que las sanciones establecidas por la PGR son impuestas a los ciudadanos por violar la Ley General de Salud 42-01, que tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud. “Esta correcto lo que ha hecho la Procuraduría imponiendo multas. Ojo, no es por el toque de queda que se pone multas porque eso no está establecido, es por la Ley General de Salud que dice que si usted no acoge las directrices de Salud Pública para no contagiar a otros se les impondrá una multa”, indicó.
