El proponente de la Ley Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial abogó por la implementación de un plan de deschatarrización responsable ajustado a los requerimientos de la normativa vigente.

“Que se produzca un plan de renovación de manera seria y transparente. No como ha ocurrido con otros planes de renovación que han sido una estafa y ha habido sentencia, sometimientos y condenas, porque han visto esto como una piñata más que como una medida para garantizar los vehículos en buen estado”, sostuvo el diputado Tobías Crespo.

Explicó que la inspección técnica vehicular, realizada con criterios técnicos y buena gestión, traerá un plan de renovación del parque vehicular cuyos plazos y especificaciones están establecidos en la ley 63-17.
Reconoció que existe una irresponsabilidad histórica en la aplicación rigurosa de la revista, como también se le conoce.

Asimismo, abogó por el retiro de las unidades obsoletas que no estén en condiciones de transportar pasajeros y carga como indica la ley.

No obstante, considera que sacar miles de chatarras de la vía pública debe realizarse de manera progresiva. “Tiene que ser un plan coordinador con transportistas, pasajeros de carga y con los que se dedican a transportar, que son los que con mayor intensidad y frecuencia utilizan los vehículos para ganarse la vida”, sugirió.

El legislador recordó que la razón de la inspección técnica vehicular es garantizar la seguridad física y mecánica de los vehículos con los fines de proteger la vida de los conductores, pasajeros y de terceros.
Explicó que una vez se tenga un parque vehicular en niveles óptimos, la ciudadanía tendrá un mejor concepto de este mecanismo de revisión de la flotilla.

“De manera que la inspección más que una imposición, un mandato o un impuesto, como la gente cree que es, sea una filosofía de vida, una filosofía de garantizar su vida, la del pasajero y la de los demás”, indicó.

Agregó: “El hecho de que tengamos un parque vehicular obsoleto la hace más urgente, prioritario y necesario”

Resaltó la importancia de la correcta aplicación de la inspección técnica vehicular y la implementación del plan de chatarrización en el compromiso país de reducir la cantidad de heridos y fallecidos en los accidentes de tránsito.

Precisó que la República Dominicana es el principal país de la región y está entre las cinco naciones del mundo con mayor índice de muertes por esta causa. La cifra de fallecidos en las vías públicas oscila entre 3 mil y 4 mil víctimas al año.

De 1,608,759 de asistencias viales, ofrecidas entre el 2021 y 2022, la mayoría se produjo por problemas mecánicos y de neumáticos en mal estado conforme a datos ofrecidos por la Comisión Militar y Policial (Comipol).

En tal sentido, sostiene que el sector transporte tiene su cuota de responsabilidad junto al Estado para que la inspección técnica vehicular se aplique sin mayores contratiempos.

Al referirse a la participación de los transportistas, dijo que este colectivo está llamado a figurar entre los facilitadores y fomentadores de la aplicación de la ley. “Deben ser parte de la solución porque son parte del problema”, afirmó.

Exige cumplimiento de la ley en procedimientos

Sobre el modelo de implementación, refirió que la Ley 63-17 establece que en caso de que el Intrant no pueda hacer la inspección técnica vehicular, la entidad deberá certificar talleres bajo una licencia de operación con garantía de supervisión.

El legislador apuesta por un esquema descentralizado, en el que se establezcan las especificaciones, requerimientos y capacitaciones de lugar. Aseguró que esa propuesta crea una dinámica de generación de empleos en la que participan personas jóvenes con conocimiento de mecánica y electromecánica.

“La queja que nosotros tenemos es que se está tratando de hacer una alianza público-privada, un fideicomiso, un monopolio. Que sea cumpliendo la ley y a una tarifa justa en la que al ciudadano no lo vean como un negocio o un impuesto sino como un servicio público para garantizar las condiciones de los vehículos”, puntualizó.

De acuerdo con el cronograma definido, en octubre se hará la evaluación de ofertas económicas, y para el 2025 el inicio de la implementación de la inspección técnica vehicular.

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