Cámara de Cuentas no está realizando auditorías porque sus miembros son citados constantemente ante Procuraduría, dice titular

Fachada de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Fachada de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

El titular de la Cámara de Cuentas, Félix Álvarez Rivera, informó que las auditorías que debe realizar el órgano fiscalizador a las instituciones del Estado no se están realizando debido a que los miembros de la entidad están siendo citados constantemente ante la Procuraduría General de la República.

“Ahora mismo la Cámara Cuentas no está trabajando porque los miembros son citados constantemente, entonces el Congreso quiere saber por qué las auditorías no se están produciendo y esa es la razón”, aseguró Álvarez Rivera al acudir por segunda ocasión ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para ser interrogado.

Álvarez Rivera dijo que tanto la Cámara de Cuentas, como el Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral, son órganos del Estado que a pesar de estar en un proceso de investigación, deben mantenerse funcionando.

El Pleno de la Cámara de Cuentas supuestamente habría “maquillado” al menos 10 auditorías de instituciones del Estado, situación que dio paso a que sus cinco titulares, entre ellos el presidente, Hugo Francisco Álvarez, hayan sido interrogados por el órgano persecutor.

De igual modo, Álvarez Rivera indicó que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional, por lo que debió ser el Congreso de la República que los investigue por las alegadas “obstrucción la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”.

“Nosotros estamos acudiendo aquí para investigar precisamente con el Ministerio Público porque no se ha elaborado un proceso penal per se, yo les dije en la última oportunidad que la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional, lo que debió ser que el Congreso nos entreviste”, detalló.

Las actuales indagatorias apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos. A esas pesquisas se suma la posibilidad de que sean requeridos por el Senado de la República para que expliquen el silencio respecto al resultado de auditorías ya realizadas que aún no han sido tramitados a la Procuraduría para los fines correspondientes.

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