Santiago – El juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina de Atención Permanente, del Distrito Judicial de Santiago, aplazó la medida de coerción que se le conocía a cuatro implicados en la Operación Falcón.
La medida fue aplzada para Alberto de Jesús Polanco y Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, brazos operativos de la organización, según el Ministerio Público.
El aplazamiento se hizo para el primero de octubre, al igual que la de Enerio Rafael Sandoval, mientras que la de Juan Carlos Mosquea fue aplazada para para el 13 de octubre, a solicitud de los abogados para depositar documentos a favor de sus defendidos.
La fiscal Urelis Ureña, representante del Ministerio Público, expresó que se oponían de manera tajante porque entienden que se le ha dado plazos en extensión del ejercicio del derecho de defensa, y están listos y siempre lo van a estar para conocer esta medida de coerción. Dijo que el Ministerio cuenta con elementos contundentes contra es organización criminal.
“Entendemos que se le ha otorgado el plazo necesario para que se conozcan estás medidas de coerción, más sin embargo entendemos que son tácticas dilatorias propias de la criminalidad organizada, para que está audiencia se extienda y no se conozca este proceso”, expresó la fiscal.
En tanto que el abogado Carlos Balbuena dijo que el tribunal entendió las razones que le plantearon y concedió un plazo adicional para depositar los documentos.
Dijo que el Ministerio Público duró 4 años investigando, sin embargo los abogados lo que tienen son 10 días para poder estudiar lo que el Ministerio Público hizo en 4 años.
“Cuando un Ministerio Público, por ejemplo solicita a las instituciones bancarias el historial crediticio de un imputado y le calificas expediente por lavado y no nos aportan esa prueba, tenemos nosotros que buscarla y ellos mismo le hacen oposición al banco para que no nos la den, tenemos que acudir a un juez para buscar las pruebas que va en beneficio del imputado, esas son de las cosas que nosotros entendemos que el Ministerio Público con el respeto que se merece, tiene obligatoriamente que aportar las pruebas”, expresó.
Al igual que los primeros 23 apresados, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
En cuanto a la recusación de la jueza Iris Borges, hecha por parte de la barra de la defensa de varios implicados en la operación Falcón, algunos abogados consideran como infundada esa decisión.
Aseguran que la magistrada Borges tiene la competencia de lugar para llevar el proceso.
Uno de los alegatos es que la jueza actualmente preside el tercer Juzgado de Instrucción. Además expresan que el caso debe ser trasladado a Santo Domingo, debido a que la Suprema Corte de Justicia designó un juez para conocer la investigación contra tres diputados y por tanto, los legisladores arrastran a los demás imputados.
