La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró positivamente el consenso que se ha producido para la reforma de la Ley 28-01 y afirmó que siempre ha apoyado un marco legal de incentivos que fomente la inversión, impulse la creación de empleos y eleve el nivel de desarrollo humano de las provincias fronterizas.
“La AIRD siempre ha estado dispuesta al consenso. Ha participado en diálogos con ambas cámaras del Congreso Nacional, así como con otras instituciones empresariales y con los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda, a fin de lograr una legislación equilibrada”, proclamó la organización empresarial.
Indicó que todas sus intervenciones en esa materia se enmarcan en su rol de gremio representante de las industrias del país, con prácticas transparentes y apegadas a la institucionalidad.
Resaltó el esfuerzo y la dedicación, para impulsar la ley, de la Cámara de Diputados, principalmente, a los senadores, así como el presidente Luis Abinader, que se ocupó personalmente de motivar el consenso.
La AIRD dijo que está consciente de que los indicadores económicos y sociales de las siete provincias fronterizas han avanzado muy poco en estos 20 años, por lo cual es importante que la ley sea mejorada con el propósito de lograr resultado más óptimo sin fomentar la competencia desleal ni crear distorsiones al tratar de fomentar el crecimiento de la inversión privada en la zona.
Expuso que una legislación que fomente el desarrollo debe contar con controles de resultados positivos y un régimen de consecuencias para quienes incumplan los parámetros establecidos. “Los mecanismos de administración han de ser transparentes y vincular los incentivos y resultados a compromisos controlables. Una mala administración de los incentivos previstos afectaría negativamente el clima de seguridad jurídica tanto dentro como fuera de la zona fronteriza”, expresó.
La AIRD señaló que el impacto de la aplicación de la Ley 28-01 ha sido pobre y ha generado competencia desleal e inseguridad jurídica, por lo que prorrogarla requiere que la misma sea mejorada con el propósito de lograr un mejor resultado, eliminando las distorsiones para el crecimiento sano de la inversión privada en la zona.
La entidad que agrupa a los industriales del país consideró que los incentivos planteados en la modificación de la ley presentada por la Cámara de Diputados son más que suficientes y específicos para hacer del proyecto una vez convertido en ley un instrumento de desarrollo e incentivo de la inversión.
