Abinader planta frente a los problemas viejos de impunidad y la Policía Nacional

La pasada semana el gobernante juramentó el grupo que trabajará para la transformación de la Policía.
La Policía Nacional, impunidad y corrupción: los viejos problemas sin solución satisfactoria hasta ahora

El presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegaron al poder con un discurso de cambio que tomó como temas centrales la transparencia, la lucha contra la corrupción pública y la seguridad ciudadana con la Policía Nacional como parte del problema en lugar de solución. Para lograr el prometido fin de la impunidad y combatir la corrupción pública, el Presidente prometió independencia del sistema de justicia, promoviendo un Ministerio Público soberano, idea que extendió a órganos extrapoder como la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE).

El tema de la seguridad ciudadana, Abinader lo abordó desde el 2016 e incluso se apoyó en un especialista de renombre internacional como el exalcalde de Nueva York y alto funcionario del gobierno del expresidente Donald Trump, Rudolph (Ruddy) Guilliani, para elaborar una propuesta sobre el problema que más preocupó a la población dominicana previo a la pandemia de la covid-19 que azota al mundo y que tiene el país bajo estado de emergencia desde el 2020.

Vinculado a la seguridad ciudadana, el escándalo que sacudió de nuevo a la Policía Nacional luego que una pareja de esposos fue asesinada por una patrulla policial en Villa Altagracia, supuestamente por una confusión mientras perseguía a presuntos responsables del robo de una pasola, llevó al gobernante a prometer que reformará la Policía “cueste lo que le cueste” y designó un grupo de 21 personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional para esos fines.

Tanto la reforma policial como la queja de impunidad en los casos de corrupción, son viejos temas que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 16 años de gobierno no resolvió, igual que los partidos y presidentes que los antecedieron en el poder, pero el presidente Abinader le ha plantado el frente a estos problemas ¿logrará lo que hasta ahora otros no han podido? El propio gobernante, al juramentar los miembros de la comisión de reforma policial reconoció que “el reto es grande y la circunstancia es compleja...Otros gobiernos lo han intentado y por alguna razón no han continuado, pero quiero expresar aquí que yo ni me cansaré ni me van a cansar”.

Justicia independiente ¿de quién?

La apuesta de Abinader para lograr que los casos de corrupción puedan ser debidamente ventilados en el sistema de justicia es de independencia de los partidos políticos. Desde su enfoque quien ocupa la Procuraduría General de la República no puede ser un militante de partido político y para lograr el propósito va más allá. Funcionarios como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, han sido insistentes en una reforma constitucional para que la “independencia sea por ley”.

Esa propuesta ha encontrado varios críticos, entre ellos el político Enmanuel Esquea Guerrero, que ha dicho que en ninguna parte del mundo, salvo raras excepciones, el Ministerio Público está diseñado como plantea el gobierno de Abinader. Otros se preguntan que en qué consistiría la independencia de la figura del procurador general ¿independiente de quién sería entonces? ¿Quién nombraría al procurador o fiscal independiente? A esa pregunta el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha respondido que será más beneficioso para la lucha contra la corrupción que ese funcionario no depende de la voluntad del presidente de la República.

Sin embargo, ese razonamiento podría entrar en contradicción con lo que ha ocurrido con la Suprema Corte de Justicia que es elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en los años de dominio del PLD se le acusó de parcialidad. Lo propio ocurrió durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 2000-2004.

Habría que observar en el transcurso del tiempo el comportamiento del PRM, que ahora domina todas las instancias de poder que se otorga por el voto popular.
Mientras ese debate sigue, el Ministerio Público que Abinader designó avanza en investigaciones de varios casos de corrupción con un solo sometimiento formal, el denominado “Antipulpo”, pero muchos en la opinión pública empiezan a desesperarse por la supuesta lentitud en la judicialización de casos.

El tiempo dirá si la apuesta de Abinader resolverá la creencia de que en el país hay impunidad para quienes cometen actos de corrupción; podría también servir para que en el país termine la cultura de pensar de que quien va al Estado comete actos dolosos o para enraizar la creencia de que no llegó el cambio prometido y que “es más de lo mismo”.

PN, el problema, no la solución

Históricamente, la Policía Nacional ha sido parte del problema de la seguridad ciudadana en lugar de la solución. Cambiar ese historial es precisamente una de las encomiendas que establece el decreto 211/21 que creó el Grupo de Trabajo para la Reforma Policial. “Sugerir la creación y actualización de los protocolos necesarios a fin de lograr una cultura policial basada en el servicio a la ciudadanía, la ética y la protección de los derechos humanos”, señala.

La decisión de la creación del Grupo de Trabajo, también ha encontrado críticos, algunos porque no se incluyeron especialistas en seguridad y otros han advertido que la decisión “es más de lo mismo” al referir que la creación de comisiones para temas en momentos críticos es una vieja práctica de los gobiernos en el país. Antes, el gobierno había anunciado el plan de seguridad ciudadana que además de incluir los cambios en la Policía tiene como principal eje el desarme de la población con la compra, por parte del gobierno, de las armas ilegales, una apuesta que algunos han criticado como el expresidente Hipólito Mejía.

Desde el 2016, cuando Abinader se presentó por primera vez como candidato presidencial, asumió el tema de la seguridad ciudadana como bandera. Ha prometido un salario mínimo para los agentes del orden equivalente a 500 dólares. En el presupuesto de este año, el gobierno incluyó un aumento a los agentes equivalente a 300 dólares al mes.

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