Este miércoles se cumple el plazo para iniciar el desalojo de las familias ubicadas en comunidades de la zona protegida de Valle Nuevo, y al respecto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Miguel Ceara Hatton, todavía no se ha referido al tema.
Periodistas de elCaribe intentaron desde el 23 de este mes conseguir sus declaraciones sobre la resolución que finalmente debe cumplirse este 30 de noviembre; no obstante, la Dirección de Comunicaciones de esa entidad indicó que estaban trabajando en eso, sin ofrecer mayores detalles.
Se espera que a partir de mañana las autoridades de Medio Ambiente informen a la ciudadanía sobre cuáles serían los pasos a seguir a partir de la expiración de dicho plazo para iniciar el desalojo en Valle Nuevo.
Esta semana, el periodista de este medio, Miguel Ponce, hizo un recorrido por el lugar y recogió las declaraciones de varios de los productores que se verían afectados por esta resolución.
Uno de ellos, Rudy Ramírez, productor de ajíes, repollo morado y papas en la comunidad Las Espinas de Ocoa, pidió al gobierno otorgar un nuevo plazo.
“El trabajar fue la herencia que nos dejaron los abuelos de nosotros. Ellos murieron ahí y la dejaron a nuestros padres y ahí es que estamos laborando y de eso es que nos mantenemos”, apuntó.
Y es que Ramírez debe desplazarse en su camioneta desde Ocoa hasta Constanza para vender los productos que cosecha, a pesar de que hacer este recorrer este trayecto resulta una odisea, debido al deterioro de la carretera.
“Si quieren nuestras tierras nosotros no la damos por poca cosa, debido a que los ancianitos de allá con lo que producimos aquí, es que les compramos sus pastillas”, agregó Rudy Ramírez.
Aunque el proceso de pago debió concluir hace varios meses, luego de casi seis años de iniciar el plan que ha obligado a cuatro prórrogas, los ocupantes no ven una salida a corto ni mediano plazo, por lo que creen debe haber otra extensión.
A pesar del tiempo dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, en las comunidades que pertenecen a Ocoa continúan con la siembra de ciclo largo como son las fresas y el aguacate, que tarda hasta un año para su producción, mientras que en La Siberia de Constanza se observan plantaciones de papa.
Del total de ocupantes sumado en toda la zona, tanto en Ocoa, en la parte sur como Constanza en la parte norte, se estima que hay unos 414 productores, entre grandes, medianos y pequeños.
Según los involucrados, a la fecha aproximadamente 215 han recibido sus indemnizaciones por un monto global estimado en 200 millones. Sin embargo, Andrés Eugenio Rosario, uno de los productores en la zona de Valle Nuevo, aseguró que aún faltan 109 por recibir su pago.
Rosario cree que aún deben ser solucionados varios puntos esenciales antes de poder abordar la salida definitiva de los agricultores.
En las comunidades como Las Espinas, La Morita, La Ciénaga, Los Chivos, en la provincia de Ocoa, justo en el límite del lindero sur de Valle Nuevo, en la Nuez y Rancho Arriba, ni siquiera se ha iniciado el pago, mientras persiste la ganadería y cultivos de ciclo corto y largo. Las comunidades están ubicadas cercanas al centro de control del SENPA, en La Morita.
Reclamos
La Asociación de Productores Hortícolas de La Horma (Asoprohorma) había denunciado que en julio de este año le envió una comunicación a Ceara Hatton, al momento de este juramentarse como incumbente, para solicitarle una reunión en procura de buscarle salida al conflicto que existe en esa zona de San José de Ocoa.
«La respuesta del señor ministro, es que él está estudiando la propuesta de los agricultores. Ya han pasado más de dos meses de esa solicitud y Ceara Hatton no ha podido terminar de estudiar el Proyecto Agroforestal que le presentaron los agricultores y que solo tiene tres páginas», explicó la asociación en un comunicado publicado en octubre de este año.
Los agricultores agregaron que esa actitud constituye «una burla descarada a los productores agrícolas del área afectada por un conflicto manejado torpemente por los anteriores gobiernos y también por el actual».
Las medidas
El 27 de septiembre de 2021, Jorge Mera había emitido la resolución 034-2021 que establecía los plazos, así como los planes de reubicación de sus ocupantes, la restauración ecológica del área, entre otras iniciativas.
En ese momento, el fenecido ministro había dado un plazo de 60 días para que en coordinación con el programa Supérate, y representantes de la Asoprohorma, se determinen las alternativas para los productos de ciclo largo, tales como fresas y aguacates que se esté llevando a cabo en el área protegida.
“Se otorga un plazo de sesenta (60) días, partiendo de la publicación de la presente Resolución, para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el Instituto Agrario Dominicano y el Programa Supérate, elaboren y presenten un proyecto de tipo asentamiento agrario, que permita la reubicación de aquellas familias que habitan de manera permanente y en condición de vulnerabilidad dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo, tal y como enviaron en el Censo de Familias y Predios Agrícolas realizado en el año 2021”, explica el artículo número 5 de la citada resolución.
No obstante, y luego de concretarse esa reunión, Jorge Mera dio otro plazo (esta vez de un año) a los cultivos de ciclo largo, fecha que vence este próximo 30 de noviembre.
Domínguez Brito y Ángel Estévez
Y aunque el tema de Valle Nuevo ha tenido repercusión en los últimos dos años, fue en septiembre de 2016 que el entonces ministro Francisco Domínguez Brito presentó el plan normativo estratégico para regular las actividades productivas.
En ese momento, Domínguez Brito advirtió que si no se detenía el proceso de degradación de los recursos naturales en Constanza, el lugar se convertiría en un desierto, un “desastre ambiental”.
“Aquí está en juego toda una población, todo un sistema de producción, y lo podemos estar matando poniendo en juego la seguridad ambiental de otras comunidades del país”, indicó en esa fecha.
Domínguez Brito dio rienda suelta su proyecto para desmantelar las estructuras para el secuestro del agua, el desalojo de los invasores ilegales y la eliminación de las infraestructuras para la actividad agrícola ilegal; sobre todo en la parte norte de Valle Nuevo.
No obstante, su sucesor, criticaron a Ángel Estévez por haber promovido la siembra de aguacates en esas las comunidades.
La Fundación Moscoso Puello denunció en ese momento que grandes terratenientes habían introducido maquinarias, equipos e insumos que ya habían retirados en atención al plazo fijado para su desalojo.
Posteriormente, con el cambio de gobierno, Jorge Mera retomó el proyecto; sin embargo, luego de su muerte, poco se ha hablado por parte de la actual gestión de qué pasará después de este 30 de noviembre con los agricultores y productores.
