El empresario Ángel Rondón, principal implicado en el juicio Odebrecht, continúa este lunes exponiendo sus alegatos finales con los cuales busca no ser condenado a 10 años de prisión, como lo solicitó el Ministerio Público.
Los abogados del imputado arriban hoy al segundo día de exposiciones donde hacen una recopilación de sus argumentos, que se basan en que Rondón no ha sobornado a ningún funcionario o legislador a cambio de que Odebrecht fuera beneficiada con adjudicaciones de obras públicas.
Sus alegatos los plantean ante las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para convencerlas de que Rondón es inocente y no incurrió en sobornos y lavado de activos, como les han dicho los fiscales anticorrupción desde que el juicio empezó hace ocho meses.
Los togados han asegurado que no hay posibilidades de que el empresario, quien fungía como representante comercial de la constructora Odebrecht, sea condenado pues dicen que el Ministerio Público no pudo demostrar los ilícitos que alega cometió.
“No pudieron romper la presunción de inocencia del que está revestido el imputado”, enfatizó José Miguel Minier, coordinador de la barra de defensa de Rondón, en la audiencia del jueves.
MP pide confiscación de bienes
Pero los fiscales no solo están pidiendo que se condene a Rondón a 10 años de prisión, sino que también le solicitaron a las magistradas que le sean decomisados 83 inmuebles que tienen distribuidos en el Distrito Nacional y en varias provincias del país, entre ellas Peravia, Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, y, además, en el municipio Santo Domingo Este.
De estos bienes, 38 son personales y los restantes 45 pertenecen a sus empresas Hacienda Los Ángeles, Heaven Ocean Management y Lashan Corp.
Además, el Ministerio Público pidió la incautación de cuentas bancarias (en pesos y dólares) que Rondón tiene a título personal y empresarial en varios bancos nacionales.
Los fiscales buscan que estos activos les sean quitados al imputado y pasean a manos del Estado, por lo que en sus argumentos finales, los abogados de Rondón también deberán evitar que las juezas acojan este pedimento.
Luego de que los abogados de Rondón culminen, corresponde lo mismo a los defensores de los demás imputados. El siguiente será Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, contra quien también pidieron 10 años de prisión.
El turno de los demás imputados del caso
Después de Díaz Rúa, continuarán los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán y, además, Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa. El Ministerio Público quiere que los condenen a cinco años de cárcel y para contrarrestar esta petición plantearán sus argumentos desde el 23 de agosto hasta el 2 de septiembre. Por último está el abogado Conrado Pittaluga contra quien solicitaron la imposición de siete años de prisión. Dispondrá de cuatro días.
