El exprocurador Jean Alain Rodríguez ya tiene cuatro días recluido en un centro penitenciario cumpliendo la prisión preventiva que le impuso un tribunal, pero, ¿qué sigue ahora con este caso?
Como en la mayoría de estos procesos judiciales, y más de corrupción, cuando se le impone prisión, los imputados buscan la forma de que se le revoque y proceden a interponer un recurso de apelación ante un tribunal de alzada. Además de esto, puede haber audiencia preliminar y hasta juicio de fondo.
Ya los abogados de Jean Alain adelantaron que acudirán ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal de mayor jerarquía, en busca de que le varíe la medida al exfuncionario por una menos gravosa o se les dicte libertad pura y simple.
Según comunicó la jueza Kenyra Romero, en la resolución donde hacer constar que impuso medida de coerción al exprocurador y otros siete implicados en el caso Medusa, los abogados tienen 20 días para presentar sus respectivas apelaciones.
El artículo 411 del Código Procesal Penal establece que una vez formalizada la apelación, la Corte fija una audiencia para conocer y resolver el recurso. Puede desestimarlo, en cuyo caso la decisión es confirmada, o declarar con lugar, con lo que revoca o modifica parcial o totalmente la decisión y dicta una propia sobre el asunto.
Revisión de medida y preliminar
Pero la cosa no se queda solo ahí, independiente de lo que dicten los jueces de apelación, cada tres meses un juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control del caso, deberá revisar la medida cautelar de los imputados y decidir si las mantiene o varían.
La primera revisión está pautada para el 13 de octubre próximo.
Ahora bien, los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene un tiempo límite para presentar acusación formal.
De acuerdo al artículo 370 del Código Procesal Penal, el plazo acordado para concluir el procedimiento preparatorio, en procesos complejos como este, es de ocho meses, si se ha dictado la prisión preventiva o el arresto domiciliario, como ha ocurrido en este caso.
La normativa también indica que, si el Ministerio Público justifica la necesidad de una prórroga ante un juez, solo se le puede otorgar cuatro meses más.
Si concluido el plazo, los fiscales no presentan acusación u otro requerimiento conclusivo, el artículo 44 del Código Procesal Penal, establece que la acción penal se extingue.
Cuando se presente acusación formal, se inicia la audiencia preliminar que debe ser conocida por juez de instrucción, quien decide si envía a los acusados a juicio de fondo. Una vez allí, el caso lo conocen tres jueces de un tribunal colegiado que declarará a los enjuiciados culpables o inocentes de los hechos que les imputa el Ministerio Público.
Además de Jean Alian, tienen prisión preventiva Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad; Javier Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información; y Alfredo Solano Augusto, quien fue subdirector financiero, también implicados en el caso Medusa. Están recluidos Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal.
Arresto domiciliario e impedimento de salida del país les fue dictado a Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercede, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Mientras que, para Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, se dispuso una garantía economía de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De acuerdo a las investigaciones de la Pepca Jean Alain y sus alegados cómplices malversaron millones de pesos de la Procuraduría General de la República (PGR) sin ningún reparo y para que no fueran descubiertos después del cambio de Gobierno, en la transición incineraron documentos, desaparecieron cientos de evidencias y eliminaron las principales fuentes de información.
El grupo, supuestamente estafó al Estado por más de 6 mil millones de pesos, y además de esto, son acusados de soborno, prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, asociación de malhechores y lavado de activos.
Las pesquisas indican que fueron varias las maniobras que utilizaron los imputados para poder distraer los millones de pesos.
