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A pesar de que Francisco Pagán se declaró culpable de corrupción, si el juez que conoce el caso Pulpo acoge el acuerdo que firmó con el Ministerio Público, no irá a prisión, sino que cumplirá una pena de casi tres años en su residencia, además de pagar más de 40 millones de pesos, entre multa, indemnización y devolución.

Así se establece en el documento en el que el Ministerio Público solicitó al magistrado Deiby Peguero condenar a Pagán a cinco años de reclusión bajo la modalidad especial de cumplimiento. De estos, se le descontarán los dos años y un mes que tiene bajo medida de coerción, y los otros dos años y 11 meses restantes los cumpliría en su domicilio, ubicado en un una torre en el sector La Esperilla, del Distrito Nacional.

La petición se basa en que el exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), sobrepasa los 70 años de edad, y esta es una de las condiciones que establece el artículo 342 del Código Procesal Penal para la aplicación de un régimen especial del cumplimiento de la pena.

Por igual, las negociaciones entre el imputado y los fiscales anticorrupción establecen que este deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos, cuyo pago acomodaron. Pagán ya dio parte, y los otros tres millones cuatrocientos mil pesos tendrán hasta el 1 de mayo del 2024 para entregarlos.

Además, tendrá que pagar una multa de un millón de pesos y confirmar la devolución de 34 millones de pesos mediante cheques que le dio al Ministerio Público cuando estaban concretando el acuerdo.

Acuerdo

Con el arreglo, que firmaron el sábado 14 de enero por Pagán, sus abogados, el fiscal Wilson Camacho y el abogado del Estado, también se pactó el decomiso de un apartamento en La Esperilla, un terreno de 3,339 tareas en el municipio Tamayo, provincia Bahoruco y un jeep BMW.

Como parte de las negociaciones, acordaron que Pagán se quedará con otro apartamento ubicado en una torre, también del sector La Esperilla.

“Aprobaron la pena a imponer por el Ministerio Público, el imputado, la defensa técnica, y la parte civil, en razón de las colaboraciones importantes que el acusado ha aportado al proceso”, precisa la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el escrito de solicitud de acuerdo pleno.

Solicitó acuerdo hace un año

En el documento, se establece que Pagán, luego de estudiar la acusación y las pruebas presentadas, solicitó en enero del 2022, mediante instancia, la ampliación del procedimiento penal abreviado donde propuso asumir su responsabilidad respecto de los hechos atribuidos en su contra por el Ministerio Público.

“Hechos estos que el acusado Francisco Pagán Rodríguez, con asesoramiento ininterrumpidamente por su defensa técnica asume como ciertos”, dice la Pepca, que estableció que el exfuncionario participó en una estructura criminal de corrupción.

Indica que las maniobras fraudulentas cometidas por Pagán y otros funcionarios dentro de la Oisoe abarcan la omisión de los procedimientos legales de compras para beneficiar a la empresa DomedicaL Supply, la cual está vinculada a Alexis Medina.

Aprobación de acuerdo lo decide juez Peguero

La decisión de si se acoge o no este acuerdo, la tomará el juez Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoció la audiencia preliminar durante varios meses.

Su fallo está pautado para conocerse la mañana del 7 de febrero próximo, día en el cual también indicará si los otros dos acuerdos que firmó la Pepca con los imputados Julián Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo, son aceptados.

En la audiencia de ese día, el magistrado también dirá cuáles de los otros 23 acusados pasará a juicio, como lo solicitó la Pepca en la vista del pasado lunes, en la que se cerraron los debates de la audiencia preliminar de este proceso en el que también hay 21 compañías imputadas.

Tras darse a conocer que arribaron a un acuerdo, en la vista del pasado 16 de enero, Camacho, titular de la Pepca, calificó esto como un hecho “trascendente”, que “evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público”.

“Es la primera vez, incluso, conforme nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea, que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público”, sostuvo.

Dijo que con estos acuerdos el Estado recupera 200 millones de pesos en muebles, inmuebles y dinero en efectivo.

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