El Ministerio Público terminó de presentar ayer los cargos que le imputa a los 12 de los 13 implicados en el caso Coral 5G durante la audiencia de medida de coerción y solicitó contra ellos 18 meses de prisión preventiva.
Durante la audiencia de ayer seis de las defensas de los imputados también terminaron de replicar los alegatos de los fiscales para contrarrestar su teoría y convencer a la jueza Kenya Romero, de que no debe imponerse prisión preventiva como ha solicitado.
Al concluir esta parte de la defensa, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para el lunes el conocimiento de la medida de coerción a los altos oficiales implicados en la supuesta red de corrupción.
Ese día a las 10 de la mañana, comenzará el turno a los demás imputados para presentar sus alegatos y presupuestos. Luego, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) podrán contrareplicar los argumentos de los abogados defensores.
El procurador adjunto Wilson Camacho, informó que se solicitó la variación favorable de medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria a una sola de los 12 imputados.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se negó a ofrecer el nombre de la acusada a la que se le solicitó una medida menos gravosa.
“Hemos solicitado al tribunal imponer como medida de coerción a los imputados la prisión preventiva. Solo en un caso hemos pedido al tribunal, por la actitud que asumió una imputada que incluso admitió los hechos y esta es otra muestra de la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público, que imponga arresto domiciliario”, explicó.
Al grupo se le imputa ser parte de una red que distrajo millones de pesos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
