El abogado Ángel Lockward interpuso una demanda contra los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que realizaron el informe con el cual el Ministerio Público inició una investigación sobre presunta corrupción en las expropiaciones de bienes.
Mediante la demanda en responsabilidad patrimonial, Lockward busca resarcimiento económico ya que a raíz del informe el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, dejó de desembolsar los pagos que tengan que ver con las expropiaciones.
Al explicar el recurso, los abogados de César Thomas, Juan Flacker y Gersy Mateo Medina, miembros de la Unidad Antifraude de la entidad fiscalizadora, indicaron que Lockward está solicitando en contra de sus representados una serie de sanciones en procura de “conseguir dinero a través de ellos”.
Solo hicieron su trabajo
“Han sido ahora accionados de manera injusta. Estos son unos empleados que tienen la obligación de realizar un trabajo, una investigación, y ese informe se ha filtrado antes de que se convierta en un documento oficial, siendo solamente un documento interno de la Contraloría General de la República, y a partir de ese momento comienza una acción en contra de esos técnicos”, dijo el jurista Juan Cuevas.
La demanda tenía previsto conocerse ayer en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que aplazó la audiencia para el 9 de noviembre a los fines de que sean notificados todos los documentos a los intervinientes voluntarios en este proceso, como los intervinientes forzosos, entre ellos la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Es bueno que ustedes y el país tengan claro que ese informe no es más que una investigación tratando de esclarecer los procedimientos llevados a cabo hasta unos desembolsos importantes que en un muy corto tiempo realizó el Estado y esa labor le fue confiada a ese equipo de técnicos que han sido ahora accionados”, agregó el abogado Cuevas.
Sobre la demanda, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, explicó que están en la audiencia por una intervención forzosa que le hizo la Contraloría, debido a que se encuentran investigando a Lockward, a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y a otras personas relacionadas a los supuestos actos de corrupción.
“La demanda tiene que ver con un elemento que es evidencia en un proceso penal que nosotros estamos desarrollando, pero que por el momento en que se encuentra ese proceso no podemos dar detalles”.
