Jueza ordena proceso imputada caso Coral se conozca a parte por complicaciones de salud
Jueza ordena proceso imputada caso Coral se conozca a parte por complicaciones de salud

La jueza Yanibet Rivas ordenó este viernes que el proceso contra una de las imputadas en el caso Coral se conozca a parte de los demás acusados debido a los problemas de salud que ha presentado.

Los achaques de Rosa Antonia Disla han provocado retrasos en la audiencia preliminar, que hoy no ha podido arrancar debido a que la imputada se encuentra ingresada en un centro de salud, tras ser operada ayer de un hombro.

Disla, quien es la madre del también imputado Rafael Núñez de Aza, denominado como el cerebro financiero de la alegada red de corrupción, está acusada de testaferrato.

Para verificar su situación, se envió un médico legista al hospital donde está la imputada, el cual certificó que para recuperarse de la cirugía necesita una licencia de 30 días.

Al dar a conocer su decisión, la magistrada Rivas indicó que como la operación no fue incidental sino programada, y que, además, las dos últimas audiencias fueron recesadas por complicaciones de Disla, entonces no procede que siga junto a los otros imputados.

«La situación de salud de esta ciudadana está retrasando este proceso», dijo la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al hacer referencia a la que la audiencia del pasado viernes fue recesada para hoy luego de que Disla se sintió mal en la vista y fue llevada a un centro de salud, donde le indicaron reposo. A esto se le suma otras situaciones pasadas.

El abogado de Disla, Félix Portes, presentó oposición a la decisión, pero la magistada Rivas confirmó su fallo, y ordenó la continuación de la audiencia en donde se está leyendo la acusación que presentó el Ministerio Público.

En este caso hay 30 personas acusadas, siendo el principal el mayor Adán Cáceres. Además, 18 empresas fueron imputadas.

El alegado entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). De acuerdo al Ministerio Público los imputados defraudaron al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

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