La jueza Katherine Rubio dictó prisión preventiva a dos presuntos cabecillas de la red y a cuatro imputados más
La expectativa que tenía el Ministerio Público con la medida de coerción del caso Larva no se le cumplió, pues solo se le dictó prisión preventiva a seis de los 15 imputados y no a todos, como le había solicitado a la jueza Katherine Rubio.
Ayer, tras haber celebrado nueve maratónicas audiencias de este proceso por lavado de activos producto del narcotráfico, y ponderar por unos tres días, la magistrada Rubio, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, dispuso que los otros nueve imputados, seis mujeres y cuatro adultos mayores, estén en libertad condicional.
En ese sentido, la jueza dictó prisión preventiva, a ser cumplida durante un año en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, a Jorge Luis Herasme Estrella y Ángelo Spataro, presuntos cabecillas; Ramón Eduardo Piña Reyes, Rusber José Suarez Díaz y Domingo Ventura (a quien le conocieron la medida en una audiencia aparte debido a que fue apresado días después de los demás y su proceso fue separado.
Mientras que Luis Ney Herasme, Sarai Esther Herasme Estrella, Joviel González Cubilette, Elizabeth Spataro y Yira Zimmermann tienen impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía.
Rubio también ordenó que los siguientes imputados deberán cumplir con lo anterior y pagar una garantía económica: María Mercedes Estrella (a pagar 1 millón de pesos), Santa Spataro (50 mil pesos), James González Cubilette (500 mil pesos) y Miguel Ramón (también 500 mil pesos).
Declaró el caso complejo
Además, rechazó algunas solicitudes de la defensa, entre ellas la nulidad del caso, el cual declaró de tramitación compleja, lo que quiere decir que los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tendrán ocho meses para terminar de investigar el caso y presentar acusación formal.
Sobre el fallo de la jueza, el abogado Francisco García, defensor de Rusber José Suárez Díaz (a quien le impusieron prisión preventiva), lo calificó como “penoso”, pues dejó en libertad condicional a las mujeres y adultos mayores.
“No estamos de acuerdo, una sentencia muy mal estructurada, con falsas motivaciones, favoritismo, castiga al que es joven y al que es varón, si eres hembra o muy mayor de edad, entonces tú te vas para tu casa… Ahora bien, si tienes la desgracia de ser joven y ser varón, entonces te doy prisión preventiva. Es una sentencia, de esas cosas que ocurren que uno tiene que lamentar, es penoso”, expresó.
La audiencia de medida de coerción de este proceso judicial se extendió por más de un mes debido a que se plantearon a la jueza diversos incidentes, entre ellos la declinación del caso al Distrito Nacional y la inadmisibilidad del mismo. Todos fueron rechazados por Rubio.
Fue el martes 23 de noviembre cuando se pudo superar la etapa de los incidentes y la magistrada logró abocarse a conocer el fondo de la solicitud de medida de coerción.
Los procesados en este caso fueron arrestados el 27 de octubre pasado durante la denominada Operación Larva, ejecutado por el Ministerio Público en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El órgano acusador ha establecido que los imputados están vinculados a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
Por otro lado, como entidades con personería jurídica encauzadas a la acusación del caso Larva están Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones y Financiera GDNIPI, S.R.L.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado; Ramona Santana Uceta, titular interina la Fisacalía de San Cristóbal; Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura y Fanny Garabito.
Los fiscales analizarán fallo para ver si apelan
Luego de terminada la audiencia, la procuradora de Corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, indicó que van a analizar las motivaciones de la jueza Rubio, cuando le sea notificada íntegramente (pues ayer solo se leyó el dispositivo) para determinar si recurrirán en apelación la sentencia en busca de que un tribunal de alzada la varíe. “Vamos a esperar las motivaciones de la decisión para analizarla”, manifestó Nova Cabrera luego de ser abordada por la prensa. Al ser preguntada sobre la libertad condicional de nueve de los 15 imputados, la procuradora de Corte dijo que aunque es así todos los imputados están atados a una medida de coerción. A mediados del mes pasado, el Ministerio Público indicó que las pruebas contra los 15 imputados tenían los méritos necesarios y confiaban en que la jueza les impondrá prisión preventiva a todos.
