Managua. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco acusó al Gobierno que preside Daniel Ortega de establecer la “persecución religiosa” como una política de Estado, luego de que la Policía abriera una investigación contra la Iglesia católica nicaragüense, a la que acusó de formar parte de una red de lavado de dinero.
“La dictadura de los Ortega Murillo ha establecido la persecución religiosa como una política de Estado, especialmente contra la Iglesia católica”, anotó la Unidad Nacional a través de una declaración leída por el opositor exiliado Héctor Mairena, integrante del consejo político de ese grupo y a quien las autoridades le retiraron la nacionalidad.
“El encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a (más de) 26 años de prisión y que está actualmente en condiciones infrahumanas, es la expresión más grave de esa política”, indicó esa Unidad.
Además del obispo Álvarez, otros tres sacerdotes se encuentran en prisión actualmente investigados por lavado de dinero o “traición a la patria”, añadió.
“La dictadura ha expulsado del país a decenas de sacerdotes y religiosas, ha confiscado medios de comunicación y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, ha liquidado y confiscado escuelas parroquiales y órdenes religiosas”, enumeró la Unidad Nacional.
Observó también: “Más recientemente la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de las nueve diócesis y sus respectivas parroquias, al tiempo que ha acusado a la Iglesia católica de lavado de dinero y le ha abierto un proceso por ello”. Además: “Ordenó la confiscación de las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac en (el municipio) San Sebastián de Yalí y expulsó del país a las religiosas que lo regenteaban”, continuó.
