Los delitos por los que Perú investiga a Pedro Castillo
Los delitos por los que Perú investiga a Pedro Castillo

El autogolpe de Pedro Castillo en Perú fue su respuesta horas antes antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia que podría haberle apartado de la jefatura del Estado. Pero, sobre su destitución por parte del Congreso de Perú por «incapacidad moral» y su posterior arresto por las autoridades de ese país se cierne la sombra de la corrupción.

Los últimos campanazos surgieron esta semana en la voz del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú, José Fernández Latorre, quien aseguró que hay un escándalo de corrupción que salpica al hoy destituido presidente, así como a sus ministros y altos funcionarios de su gobierno.

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En una entrevista concedida esta semana, Latorre acusó a Castillo -sobre quien pesa una denuncia constitucional por su complicidad en un presunto caso de cohecho- de encubrir actos de corrupción cometidos por sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez.

«He advertido al señor Presidente de todos los ilícitos que se estaban cometiendo a través de las personas de su confianza. Todos aquellos que se estaban aprovechando de los recursos del Estado», dijo Latorre.

La «trama» de corrupción que salpica a Castillo

El antiguo jefe de inteligencia aseguró que Rubdel Oblitas, sobrino del presidente peruano, le pidió 100 mil soles (25 mil dólares) para arreglar un reportaje en un medio de comunicación en el que aparecería Pedro Castillo.

También le pidió 500 mil dólares de los fondos de la DINI para supuestamente contratar como asesor a un agente ruso con conocimientos de inteligencia. A lo que Latorre dijo que «durante mi gestión, la DINI no ha sido la caja chica de nadie».

Fue el propio Latorre quien, el 25 de noviembre, decidió entregarse a las autoridades peruanas tras su presunta participación en el encubrimiento de una licitación de 74 millones de dólares a favor de la empresa de biodiésel Heaven Petroleum Operators (HPO).

Tanto Fernández como el exasesor de inteligencia, Henry Shimabukuro Guevara, habrían al parecer organizado toda la trama para encubrir al jefe de Estado y entorpecer la acción de la justicia.

Una «organización criminal»

La Fiscalía de Perú acusaba a Pedro Castillo de ser cabecilla de una «organización criminal» que incurrió en tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública.

Entre los casos que se señalan están la adjudicación de obras de manera ilícita (caso Consorcio Puente Tarata III, que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red para la adjudicación de obras públicas), ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú.

Estas denuncias se fueron acumulando a lo largo de los meses y acorralando a Castillo. El pasado octubre, la Fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, denunció una «constante y feroz obstrucción a la Justicia» por parte de la supuesta organización criminal que presuntamente lidera el presidente Pedro Castillo, contra quien presentó una denuncia constitucional en el Congreso por estos casos.

Frente a ello, Castillo afirma que dichas denuncias representaban una «persecución política» por parte de la Fiscalía, afirmando que sus investigaciones por supuestos delitos de corrupción no son más que intentos por “arremeter” contra sus seres queridos.

Estos procesos al hoy exmandatario, aún abiertos, no se pudieron activar porque era presidente. Sin embargo, Castillo, destituido y detenido después del intento de golpe, de estado se enfrenta a un escenario completamente distinto. Es muy probable que esté más cerca de la cárcel que de la calle.

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