El Departamento de Estado de los Estados Unidos valoró ayer que el Gobierno dominicano haya hecho avances considerables para la eliminación del tráfico de personas, pero afirmó que aún no cumple con los estándares internacionales mínimos en varias áreas.

Su punto de vista está contenido en el Informe Anual sobre el Tráfico de Personas, donde Departamento de Estado saca al país de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.

“El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, indica el informe.

El documento reconoce que las autoridades dominicanas aumentaron de manera significativa los esfuerzos que realizan para combatir la trata y el tráfico de personas.

Precisa que esos esfuerzos incluyeron una mayor investigación de la complicidad oficial en los delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil para reducir la vulnerabilidad de las niñas y el ofrecimiento de refugio y alivio migratorio a los venezolanos vulnerables.

Sin embargo, el informe enfatiza que el gobierno dominicano no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. Cita que no siempre se aplicó las penas mínimas requeridas por la ley y lamenta que no se haya aprobado una iniciativa para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coacción de las víctimas de la trata de personas menores de 18 años para calificar este delito.

Se trata del anteproyecto de modificación a la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, ajustado a la realidad nacional y regional sobre la actual naturaleza de este delito, impulsado por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, (CITIM), con el apoyo de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y que aún sigue pendiente de aprobación en las cámaras legislativas.

El Departamento de Estado lamenta que el Gobierno dominicano tampoco hiciera una identificación efectiva de todos los individuos vulnerables para detectar indicadores de tráfico ni se elaboró un registro del número de víctimas de trata y tráfico de personas que se identificaron o si recibieron atención.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones que el informe sugiere a la República Dominicana figuran: aumentar las investigaciones penales y los enjuiciamientos de funcionarios del gobierno presuntamente cómplices de la trata e imponer sentencias más severas e investigar, enjuiciar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico sexual y aplicar las sentencias apropiadas según lo ordenado por la ley.

Además, le propone que analice proactivamente los indicadores de tráfico entre venezolanos, haitianos, otras personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación, y profesionales médicos y deportivos cubanos para identificar a las víctimas, remitirlas a la atención y prevenir el retráfico.

En el informe, el Departamento de Estado subraya la necesidad de que República Dominicana adopte y financie un nuevo plan nacional para combatir la trata y el tráfico de personas y enmendar la ley vigente sobre la materia a fin de ajustarla a la realidad.

Se necesitan recursos económicos y humanos

Otras recomendaciones planteadas por el Departamento Estado son: que se proporcione un presupuesto para los servicios de asistencia a las víctimas de la trata y refugios especialmente dedicados para adultos y niños víctimas de la trata. También propone asignar recursos humanos y financieros adecuados, así como capacitación a los encargados de hacer cumplir la ley, fiscales y jueces para combatir la trata, especialmente fuera de Santo Domingo.

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