El Gobierno de Colombia dio marcha atrás y decidió que el cierre de la frontera con Venezuela se mantendrá al menos hasta el 1 de septiembre.

La medida se estableció a través del Decreto 580 de 2021, con fecha del lunes 31 de mayo, en el que se señala la continuidad del cierre de los pasos terrestres y fluviales entre ambos países.

En el documento se establecen algunas excepciones a este cierre, como:

  1. Emergencia humanitaria.
  2. El transporte de carga y mercancía.
  3. Caso fortuito o fuerza mayor.
  4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

«Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del coronavirus covid-19 y deberán atender las instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial», enfatizan las autoridades colombianas en el decreto.

El cierre fronterizo

La frontera entre Venezuela y Colombia fue cerrada al paso vehicular en agosto de 2015 por orden del Gobierno venezolano. Posteriormente, se restringió la circulación de personas luego de la ruptura de relaciones en febrero de 2019, cuando hubo un intento fallido de ingresar a la fuerza la llamada «ayuda humanitaria» desde territorio colombiano al país vecino.

En junio de ese mismo año se produjo la reapertura de los pasos fronterizos; pero, en el primer trimestre de 2020, debido a la pandemia del coronavirus, ambos países decretaron el cierre de su frontera común.

Reapertura que no se dio

El pasado 19 de mayo, la Cancillería colombiana había informado sobre la posibilidad de reabrir los pasos fronterizos con Venezuela a partir del 1 de junio; luego que esta misma medida aplicase en esa fecha a Ecuador, Panamá, Perú y Brasil.

«Con Venezuela la realidad es diferente, tenemos que tener un régimen de responsabilidad diferente. Por eso nos hemos trazado una meta para llegar al 1 de junio, en apertura de frontera», dijo, por su parte, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Una vez que Colombia anunció la posibilidad de la reapertura, el 21 de mayo, Freddy Bernal, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Táchira, fronterizo con Colombia, confirmó la información e indicó que sería un proceso progresivo: «No se va a abrir la frontera toda, todos los puentes las 24 horas, sino que va a ser progresiva».

Posteriormente, el 23 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que la reapertura de la frontera debía ser una cuestión bilateral.

«Hablan de abrir la frontera de forma unilateral. Nada así funcionaría. Si Colombia no coordina, nada en la frontera va a funcionar«, enfatizó, al tiempo que añadió: «Por las buenas, se puede abrir; por las malas, nada».

El 26 de mayo, Bernal informó que hubo una reunión entre las autoridades venezolanas y distintos gremios de empresarios que integran la Cámara de Comercio del departamento colombiano Norte de Santander, con el objetivo de reactivar «el aparato productivo del eje fronterizo».

No obstante, unos días después, el propio Bernal anunció que la frontera no se abriría el 1 de junio, por falta de acuerdos sobre protocolos de bioseguridad.

«Hemos tenido obstáculos para aperturar (sic) la frontera con Colombia. La negativa viene de parte de Colombia a tener acuerdos para fijar los protocolos de bioseguridad», dijo entonces.

Este lunes, antes de conocerse el Decreto 580, la Cámara de Comercio de Cúcuta, en la capital del departamento Norte de Santander, emitió un comunicado en el que pide a las autoridades de ambos países autorizar «la apertura peatonal y comercial» de la frontera.

«El cierre peatonal y comercial de los puentes en la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira ha dado pie al aumento de la economía informal e irregular, con una grave incidencia en la situación socioeconómica de la frontera, afectando además la recaudación fiscal en ambos países», argumenta en su petición.

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