En ausencia de reformas, el sistema francés de pensiones no podrá garantizar los beneficios definidos que prometió. El presidente Emmanuel Macron lo sabe y, por eso, ha seguido el camino que intentó trillar Chirac en 1995 cuando trató de elevar la edad mínima legal de jubilación y recorrido por Sarkozy en el 2010 cuando logró, a pesar de las masivas protestas, llevarla de 60 a 62 años. Macron, amparándose en un poder especial que le confiere la Constitución, recientemente la aumentó a 64 años, un nivel razonable si se tiene en cuenta que en Gran Bretaña es de 66 años y en Alemania, 67. Solo así, ha señalado el ministro de Finanzas Le Maire, el sistema de reparto francés alcanzará el equilibrio financiero en el 2030.
A pesar de que la tasa de contribución es de 27.8% del salario (11.3% aportada por el trabajador y 16.5% aportado por la empresa), 3.3 veces la vigente en el sistema de capitalización dominicano, el Consejo Asesor de Pensiones de Francia ha indicado que el déficit proyectado del sistema de reparto francés para el período 2023-2033 alcanza 10,730 millones de dólares por año. El sistema francés garantiza una pensión (tasa de reemplazo) equivalente al 60% del salario durante el tiempo de retiro promedio de 27.1 años para las mujeres y 23.5 para los hombres. Para recibir esa pensión, el trabajador debe cotizar durante 41 años (492 cotizaciones mensuales). Macron, con la reforma, ha elevado a 43 años (516 meses) el número de cotizaciones requeridas. El déficit financiero del sistema de pensiones francés se ha profundizado debido al cáncer que representa la dinámica demográfica para el sistema de reparto: hoy día, existen 1.7 franceses trabajando y aportando mensualmente al fondo de reparto, por cada francés que cobra su pensión todos los meses. Para el 2070, se proyecta que la relación bajará a 1.3.
La realidad es que Chirac, Sarkozy y Macron, han tenido que hacer frente a la irresponsabilidad del socialista François Mitterrand quien llegó a la presidencia en 1981, bajo la promesa de fortalecer los derechos de los trabajadores, a través de la reforma populista que redujo de 65 a 60 años la edad de retiro. Los franceses han asimilado la baja edad de retiro como un derecho adquirido. De ahí la férrea oposición que anteponen a los intentos de reformas basadas en el sentido común y contrarias al populismo redentorista quebrador de sistemas y empobrecedor de naciones.
7 de cada 10 de franceses se oponen a la reforma de pensiones que Macron ha ejecutado. Las protestas son intensas y reflejan un elevado nivel de indignación. Nadie lo ha descrito mejor que The Economist cuando afirma que “la rebaja de la edad de jubilación en Francia se ha convertido en parte de la mitología nacional: la celebración del progreso hacia una sociedad mejor en la que se aligere la carga del trabajo”. Macron ha sido definido como “un reformador abrasivo en tiempos turbulentos”. Durante su primer período, a pesar de las intensas protestas realizadas por miles de franceses con chalecos amarillos fluorescentes, Macron ejecutó reformas fiscal y laboral. El joven presidente francés ha dicho que “no está hecho para liderar en un clima tranquilo; mi predecesor lo fue, pero yo estoy hecho para las tormentas”.
La República Dominicana, gracias al modelo de pensiones que adoptamos con la reforma del 2001, no tiene el problema de déficit e insolvencia que tarde o temprano tienen que enfrentar los modelos de reparto, lo que obliga a los gobiernos que los administran a reformarlos para elevar la tasa de contribución, recortar la tasa de reemplazo (pensión) que previamente había sido definida y prometida o, elevar, como se debate actualmente en Francia, la edad mínima legal de retiro o jubilación. Bajo el modelo de capitalización individual, las únicas dos variables que están definidas son la contribución o cotización y la edad mínima legal de retiro. La tasa de reemplazo o pensión que recibirá el trabajador dependerá del monto de los aportes que realice, del número de cotizaciones que pague y de la rentabilidad que obtenga la inversión continua de los aportes realizados por la empresa que trabaja y por él a su cuenta de capitalización. El problema que enfrenta el sistema de capitalización es diferente al que hoy sacude a los sistemas de reparto: si la tasa de cotización, el número de aportes a la cuenta de capitalización y la edad de retiro son bajas, como sucede en República Dominicana (8.4%, 360 cotizaciones, 60 años), la tasa de reemplazo o pensión como porcentaje del salario, será baja. El Gobierno dominicano no tendrá que enfrentar un déficit creciente como sucede en el régimen de reparto francés. Pero tendría que hacer frente a las eventuales protestas sociales que podrían producirse cuando, en unos años, comiencen a otorgarse las primeras pensiones generadas por el sistema que entró en vigencia a mediados de 2003.
La reforma del sistema de pensiones que necesita República Dominicana, debe tener como objetivo crear las condiciones para que las pensiones que emanen del modelo de capitalización individual, sean más elevadas que las que generará el esquema de bajas tasas de contribución y edad de retiro vigentes. No hay que dar muchas vueltas para entender el porqué si la tasa de contribución que va a la cuenta de capitalización es de apenas 8.4% del salario, resulta imposible que con solo 30 años de cotizaciones y el disfrute del retiro a partir de los 60 años, un trabajador reciba una pensión equivalente a 60% o más de su salario. En Francia, con una tasa de contribución de 27.8% (3.3 veces la nuestra), 41 años de cotizaciones (11 años más que en el nuestro) y una edad de retiro de 62 años (2 años más que la nuestra), el sistema de reparto garantiza una pensión de 60%.
Una vez pasadas las elecciones del 2024, el país debe realizar una reforma de pensiones que permita al sistema de capitalización individual generar tasas de reemplazo en el rango 60%-70%. Para ello, debe aumentar gradualmente la tasa de cotización desde el 8.4% vigente a 15%, nivel que se alcanzaría en el 2030. Al mismo tiempo, la tasa de retiro deberá ser aumentada de 60 a 65 años, lo que llevaría el mínimo de cotizaciones de 30 a 35 años (inferior a los 43 años que acaba de decidir Macron). Si el presidente que tome la decisión de ejecutarla no teme al costo político de la reforma, el aumento de la edad de retiro debería plasmarse como mínimo legal en la reforma que se apruebe. La otra alternativa sería otorgarle al trabajador la libertad de elegir su edad de retiro, a sabiendas que eso le reportará una pensión más reducida si decidiese retirarse antes de los 65 años.
Lo que se propone para elevar la capacidad de nuestro sistema de capitalización individual de generar pensiones más altas, no difiere mucho de algunas de las reformas recientes que se han ejecutado en América Latina. En México, por ejemplo, la reforma incluye un aumento gradual de la tasa de cotización desde 6.5% que estuvo vigente en el 2020, a 15% en el 2030. En Chile, el gobierno actual ha planteado elevarla de 10% a 16.5%, a razón de 1% cada año. La edad de retiro en México y en Perú es de 65 años, similar a la que estamos proponiendo para el caso de República Dominicana. Está claro que el trabajador siempre tendría la opción de acogerse al retiro anticipado, pero estando consciente y debidamente informado del “trade-off” que conlleva esa decisión: mientras más temprano sea el retiro, menor será la pensión o tasa de reemplazo. La SIPEN asumiría la responsabilidad de producir las tablas informativas que permitan al trabajador tener una idea aproximada de la pensión que recibiría dependiendo de la edad de retiro que escoja, su sexo biológico y el nivel anual promedio de la rentabilidad que le reportaría la inversión de los recursos en su cuenta de capitalización. El que desee retirarse antes de los 65 años con una pensión que apenas represente el 35% o 40% de su salario, perderá el derecho de reclamar al Estado de pensiones compensatorias. Esta última sólo podrían proveerla los hijos del trabajador que desee pensionarse antes de los 65 años o, si posee alguna propiedad inmobiliaria, el flujo de recursos mensuales que podría obtener a través de una hipoteca revertida sobre la misma, una opción que el sistema financiero dominicano podría ofrecer sin problemas. No nos engañemos. El Gobierno de Francia, con una presión tributaria de 45% ha podido destinar el 15% del PIB al pago de pensiones. El nuestro, con una presión tributaria de 15%, sencillamente no puede.
