El Gobierno no logra el apoyo de los partidos, empresarios ni de organizaciones sociales para presentar el proyecto
Mientras el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, afirmó que el gobierno no tiene nada definido sobre la reforma fiscal, el director de Presupuesto, José Rijo, dijo que la reforma va “sí o sí”, lo que evidencia una clara contradicción y falta de armonía del discurso oficial sobre el tema.
Más aún, Macarrulla dijo que en su momento el gobierno irá al Consejo Económico y Social (CES) a tratar el tema, sin embargo, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la directora ejecutiva del CES, Iraima Capriles, informaron que ese tema quedó fuera de ese escenario porque será consensuado personalmente por el presidente Luis Abinader con sectores políticos, sociales y económicos.
Ante las contradicciones, el vocero del gobierno, Homero Figueroa, emitió una declaración en la que señala que la posición oficial sobre el tema es que se mantiene en consulta y no ha tomado ninguna decisión aún. “Reiteramos que no hemos compartido de manera formal o informal ninguna propuesta de reforma. Sostenemos conversaciones exploratorias con todos los sectores, no tenemos nada definido con respecto al tema”, publicó en su cuenta de Twitter.
Además de la falta de armonía en el discurso fiscal, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Marranzini; y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, han dicho que no es momento de una reforma fiscal y contrario a lo planteado por el gobierno, han manifestado que el tema debe discutirse en el CES.
Los partidos políticos de oposición, Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han advertido que no apoyarán una reforma fiscal. Adicionalmente, economistas como el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, ha dicho que no es oportuno hacer una reforma en tiempos de crisis.
La otra cara del problema es que el gobierno ha planteado la necesidad de una reforma fiscal para garantizar las inversiones y evitar que las calificadoras de riesgo internacional le bajen el nivel de riesgo al país. Pero en un enfoque que también luce contradictorio, el gobierno ha dicho que la economía va “viento en popa” y en palabras del ministro de la Presidencia, los resultados económicos “son espectaculares” por no tener déficit fiscal acumulado. Igualmente, el gobierno ha dicho que tiene un superávit de 60 mil millones de pesos.
Con ese contexto, el presidente Abinader tiene en agenda consensuar su propuesta para la creación de nuevos impuestos a los diversos sectores, pero no se ha dicho cuándo ni en qué consiste la reforma fiscal.
Hasta el momento, el gobierno no ha hecho una propuesta formal de reforma, pero hay un documento de nuevos impuestos que ha circulado ampliamente desde hace más de dos semanas y que se ha atribuido de manera extraoficial al equipo económico del gobierno que encabeza el ministro de Hacienda, José (Jochy) Vicente. El pasado año, el gobierno tuvo un primer tropezón con el tema fiscal cuando incluyó nuevos impuestos en el Presupuesto del 2021 lo que provocó gran repulsa popular y el presidente Abinader dejó la medida sin efecto.
En ese momento, el 8 de octubre del pasado año, el presidente Abinader informó que convocaría al CES para firmar el pacto fiscal pendiente desde hace casi diez años (desde 2012 hasta la fecha) en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), pero no fue firmado por el pasado gobierno, a pesar de que hasta el 2019, el país registró un amplio crecimiento de la economía y no se produjeron situaciones de crisis interna ni externa.
Las últimas crisis económicas que ha tenido el país se registraron en el 2003 por la quiebra del sistema financiero, luego en el 2008-2009 por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y la actual que inició en el 2020 por el impacto de la pandemia de la covid-19 a nivel planetario.
Pacto pendiente desde el 2012
El objetivo del Pacto Fiscal establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo es elevar la presión tributaria de la República Dominicana, que es de alrededor de un 13.3 %, una de las tasas más bajas de la región. Según lo planificado, para el 2015 debió alcanzar 16 % y fue de apenas 12.9 %; para 2019 llegaría al 19 % y al 2025, 21.5 %.
Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, desde el 2012 debió iniciarse un proceso orientado a la reducción de la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, consolidar el Código Tributario en los regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de los servicios públicos y elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la estrategia de desarrollo 2030.
También establece esa disposición que se debe cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
Consideran momento no es propicio para reforma
El debate sobre la necesidad de una reforma fiscal se ha instalado en momentos en que hay una crisis económica global por el impacto de la pandemia de la covid-19. Además hay inflación mundial por el impacto del aumento de las materias primas y el petróleo. El Economista Antonio Ciriaco ha hecho la advertencia en varias ocasiones de que las reformas fiscales no se hacen en tiempos de crisis económica porque pueden generar estallidos sociales. “Un proceso de reforma fiscal en un contexto de recuperación de la economía, donde el tejido social aún está muy débil y cientos de pequeñas y medianas empresas no han podido recuperarse, podría generar situaciones muy incómodas a la población dominicana con la posibilidad de desencadenar conflictos y protestas sociales”, advirtió recientemente el catedrático de la UASD. En esa misma tesitura se han pronunciado dirigentes políticos, líderes empresariales y sociales.
