La República Dominicana tiene un Estado “grande, costoso e ineficiente”, y una economía que necesita de reformas en las áreas laboral, tributaria y transporte que le permitan crear más empleos productivos y bajar costos, para reducir la alta dependencia que hay de personas que reciben ingresos estatales.
A esa conclusión llegan el sociólogo Cándido Mercedes y el economista Miguel Collado, al analizar una información publicada por elCaribe, basada en un estudio del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, que da cuenta de que el 47 % de la población dominicana (4.9 millones de personas) recibe mensualmente algún ingreso del Presupuesto General del Estado por concepto de sueldo, pensión o ayuda monetaria del programa Supérate.
Mercedes es muy severo en su análisis: “Tenemos una burocracia del Estado poco profesional, pues todavía impera el despojo político, esto es quítate tú para ponerme yo. No existe la meritocracia”, afirma.
El planteamiento lo hace el sociólogo para comentar el estudio del vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado, que también en esta ocasión hace señalamientos puntuales sobre el tema.
Afirma que para superar ese “círculo vicioso” se necesita “la promoción de un clima de inversión que permita que se creen más empleos productivos con mejores ingresos”. Por el momento, la alta dependencia de personas de ingresos provistos por el Presupuesto General del Estado va en aumento y en el primer semestre del 2022 se agregaron 421,784 personas.
Collado cita la necesidad de una “reforma que simplifique el sistema tributario y lo haga menos oneroso, reforma laboral que flexibilice la contratación de personal y reduzca los costos laborales no salariales”.
También “aplicar sentencias de altas cortes en materia del caso de transporte, sacar del ámbito político la distribución de electricidad, realizar una reforma al mercado de hidrocarburos para reducir impuestos y eliminar los márgenes que existen por ley, simplificar los procesos burocráticos que afectan a los negocios”.
En las consideraciones finales del estudio titulado “Más dominicanos dependen de los recursos públicos en 2022”, la entidad dice que “el deterioro en las estadísticas mostradas señala que la política para facilitar la creación de empleos y aumentar los ingresos de la ciudadanía, por medio de la creación de riqueza, no ha sido priorizada”.
Y añade: “Las decisiones de políticas públicas han sido enfocadas en el aumento del gasto público corriente para transferir recursos de contribuyentes actuales, y futuros, a los beneficiados con ingresos estatales”.
Expresa que eso significa, “destinar recursos provenientes de los impuestos actuales y futuros, es decir, endeudamiento público”. El Centro considera que “el aumento en los ingresos estatales como resultado de la inflación de precios y la baja de los tipos de interés internacionales, han beneficiado a esta política”.
Advierte, no obstante, que “el aumento en el gasto ha generado un incremento en la deuda en términos absolutos y relativos como porcentaje del PIB. Sin embargo, el efecto más importante ha sido el incremento en la carga fija de la deuda medida por el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios”, considera.
Para el Crees “cuando en un país prima la visión de mantener el statu quo, sin realizar reformas profundas hacia el futuro, la consecuencia es la demanda social por recursos públicos”.
Concluye que se trata de “un círculo que sólo se rompe con una visión diferente de las políticas públicas, basada en reducción de costos y aumentos en la productividad”.
“Tenemos un Estado macrocefálico”
El sociólogo Mercedes dijo, a petición de este diario: “Tenemos un Estado macrocéfalico: grande, costoso e ineficiente, como los camiones GMC, esto es, grande, malo y caro. Tenemos un coeficiente de densidad ocupacional, el tercero de la región, después de Venezuela y Argentina. Esto es el número de empleados 700,000/11,176,243 habitantes. Esto da: 8.3. Si es por el padrón electoral: 700,000/7,900,00, nos da :6.8.
Pero, si tomamos en cuenta el Plan de asistencia social, pensionados/jubilados, todos los que reciben ayudas económicas del Estado, ronda un 42 % y casi un 25 por ciento del padrón electoral. Insiste: “Tenemos una burocracia del Estado poco profesional, pues todavía impera el despojo político, esto es quítate tú para ponerme yo.
No existe la meritocracia”. Y agrega seguidamente: “El gran dilema en perspectiva de futuro es que tenemos un 58 % del empleo informal. Del 42 % del empleo formal, de cada 100, hay 30 que son de la Administración Pública. Actualmente, el promedio salarial en la administración pública es de RD$32,500 y en el sector privado el promedio es de RD$28,500, mirando la Tesorería de la Seguridad Social”.
La conclusión del sociólogo es que “la sociedad dominicana requiere ser pensada. A la élite empresarial le urge tener más think thank y a la sociedad más políticos decentes, con visión y valores democráticos”.
