Cuando se escriba la historia de la causa de la expansión presupuestaria dominicana, que en las últimas cuatro propuestas registran montos de 13 dígitos, la crisis sanitaria del covid-19 tendrá una cuota importante en la instauración de la “era de los presupuestos billonarios”.
La llegada de la pandemia trastornó las finanzas públicas de tal forma que solo en el primer trimestre de circulación del virus el gasto presupuestario representó un 1.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) y dio inicio a un aumento anual acelerado del Presupuesto General del Estado, impulsado por endeudamiento público.
En la última década, el monto del PGE se ha casi triplicado, y la mayor expansión ocurrió a partir del 2020, período fiscal en que por primera vez las finanzas públicas dominicanas terminaron pasando los 12 dígitos, para incorporar el termino billón de pesos, que es cuando llegan los números o pasan de mil millones. Los presupuestos del 2020 al 2023 han sido superiores al billón de pesos.
El año 2020, período del cambio de administración del Estado, a consecuencia del gasto extraordinario que demandó la pandemia, fue necesario presentar dos presupuestos complementarios. El primero en junio, por la administración que cesaba en agosto de ese año y el segundo en noviembre, propuesto por la gestión que se instaló el 16 de agosto de ese año.
Impacto de los cambios
Esos cambios incidieron directamente en el tamaño y composición del PGE, que originalmente fue presentado con un monto de gastos, sin incluir los pagos por amortizaciones a la deuda y disminución de pasivos, ascendente a RD$861,074.37 millones. En la primera reformulación fue subido el monto a RD$906,702 millones y en la segunda cruzó la barrera del billón, al colocarse en RD$1,029,060 millones.
Otros componentes presupuestarios que fueron impactados por los dos presupuestos complementarios del 2020 fueron los ingresos totales, el monto del financiamiento, el déficit proyectado y los pagos por amortizaciones de la deuda pública. En el caso de los ingresos, el Gobierno se vio obligado a reestimarlo hacia la baja, cayendo de RD$673,107.8 millones en el primer proyecto de complementario a RD$610,362.6 millones en el segundo.
El déficit fiscal pasó de RD$110,251.02 millones en el presupuesto original a RD$233,595 millones en el primer complementario, para dispararse a RD$418,698 millones en la segunda reestimación.
Mientras tanto, las necesidades de financiamiento del 2020 pasaron de 246,295.82 millones en el proyecto original, en el primer complementario subió a RD$397,204 millones y en el segundo a RD$599,525.4 millones.
El financiamiento terminó representando el 44.6 por ciento del Presupuesto del 2020, período que marcó el inicio de una mayor ponderación del financiamiento presupuestal vía deuda pública. Aunque con tendencia creciente, el endeudamiento era, del total del presupuesto, alrededor del 20 por ciento.
El año 2020 también rompió la propia tendencia de crecimiento vegetativo del Presupuesto General del Estado, que era proporcional a la expansión del producto corriente (PIB real más inflación).
Esa tendencia se mantenía desde el 2013, año en que se presentó un presupuesto con un gasto total por RD$454,727.2 millones más RD$76,119.1 millones para amortizaciones de la deuda pública. El 2013 fue el primer presupuesto general del Estado diseñado libre de topes referidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral con el que el país mantenía un acuerdo de facilidad ampliada desde el 2009, por más de US$2,000 millones.
Fruto de ese acuerdo, el proyecto de Presupuesto 2012, diseñado por la administración que concluía el 16 de agosto de ese año, tenía compromisos de cumplimiento, y así lo consignó en la definición de su política presupuestaria del PGE 2021.
Compromiso con el FMI
“El Gobierno, comprometido con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha tomado una serie de medidas para mejorar la administración fiscal y la política tributaria, en procura de generar ingresos adicionales, con el propósito de continuar manteniendo el desarrollo económico con estabilidad”, dijo entonces la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Para el año 2012 se contempló un ajuste del 0.7 punto porcentual en el balance fiscal del Gobierno Central, el cual alcanzaría un déficit de RD$22,443.7 millones, correspondiente a un 0.9% del PIB Nominal.
El acuerdo con el FMI se cayó en el primer trimestre del 2012 faltando un tramo por cumplir y US$500 millones por desembolsar. El tema de la tarifa eléctrica, a lo que el Gobierno de entonces se negó a aplicar un tercer incremento dentro del período del acuerdo, fue la causa de la interrupción del acuerdo. Al final del año, el presupuesto registró un gran déficit fiscal, que en ese entonces de fijo era por unos RD$87,000 millones.
Para el Presupuesto el año 2013 correspondiente al primer diseño de la administración que asumió el 16 de agosto del 2012, el Gobierno contó con una reforma tributaria, que entre otras cosas amplió la base y la tasa del ITBIS.
Eso le permitió poner su “sello” que basó la política presupuestal en cinco pilares fundamentales: educación básica y capacitación del capital humano para la modernización productiva, mediante el incremento del gasto en educación preuniversitaria, educación superior, educación técnica y vocacional; aumento de la calidad de vida de la población más vulnerable mediante el reforzamiento de las acciones del sector salud, la seguridad social y los programas de protección a la población vulnerable; mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el clima de inversión; fomento de las actividades productivas y la generación de empleo a través de la dinamización económica, en particular de los sectores agropecuario, turismo, micro, pequeña y mediana empresa; y, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
El Presupuesto 2013 fue elaborado con el firme propósito de garantizar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, priorizando los sectores Educación, Salud, Seguridad Social, Turismo y Agropecuaria, con un criterio de racionalidad y austeridad, dijo entonces la Digepres .
Administración actual estampó su “sello”
En tanto, la administración actual, que se instaló en plena pandemia, mostró su modelo presupuestal en el proyecto de PGE 2021, la que representó “la apuesta estratégica de la nueva administración de gobierno con la recuperación económica y el inicio de la superación de la crisis sanitaria producto de la referida pandemia.
Las prioridades del gasto parten de la concepción de que el desarrollo no es una aventura personal, identificando un conjunto de políticas sectoriales con impacto directo en la calidad de vida de la gente, en coherencia con el Plan de Gobierno 2020-2024 y los lineamientos estratégicos de formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024.
En medio de las adversidades que representa el contexto de covid-19, la nueva administración gubernamental se compromete con el relanzamiento de la economía, la generación de empleos, el apoyo a la producción agrícola, las políticas de protección social para la población más empobrecida, la garantía del derecho a la salud, la universalización de la seguridad social para toda la población”.
