El candidato a diputado de Ultramar por el Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC), Germán Ramírez, demandó el sometimiento del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, para que se aclaren los alegados actos de corrupción cometidos en sus 7 años al mando del Ministerio de Obras Públicas.

El también Secretario del PRSC en Estados Unidos, aseguró que una vez llegue al Congreso Dominicano, amparado en la figura de la interpelación consignada en el Artículo 95 de la Constitución,  luchará  para que  Gonzalo Castillo de explicaciones claras y precisas sobre asuntos de su competencia, como dispone la carta magna.

«En mi rol de fiscalizador, cuando sea electo Diputado de Ultramar,  pediré la interpelación del ex Ministro por su desempeño frente a Obras Públicas, y otros funcionarios públicos que han administrado los recursos del pueblo como si fuera una herencia, violando la ley de presupuesto y otras leyes», señalo Ramírez.

Agregó: «El artículo 95 de la Constitución dispone que el Congreso podrá interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia».

Varios programas de investigación periodística del país han mostrado pruebas de alegados actos  de corrupción cometidos por el ex Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, la efervescencia política opacó el tema y pronto dejo de sonar e importar.

En esta semana el Movimiento Cívico Marcha Verde revivió el caso, solicitando la interpelación del ex funcionario, ahora candidato presidencial del partido oficialista, para que rinda cuentas sobre seis obras  de infraestructuras, que según la organización, tiene adendas ejecutadas bajo su dirección de más de 100 millones de dólares y que duplicaban el presupuesto  de alguna de ellas.

Según el expediente de corrupción en contra de Gonzalo Castillo, durante su gestión se realizaban asignaciones grado a grado, por un monto de más de 11,500 millones de pesos, donde varios de los contratos supuestamente eran firmados por Maybeth Rodríguez, hermana del procurador Jean Rodríguez que validan unos 14 millones de dólares.

Además, el dirigente político indicó que se hicieron 34 transacciones que supuestamente le fueron concedidas por el Estado a empresas donde Castillo forma parte del consejo directivo, violando la Ley de Compras y Contrataciones.

“Es hora de fiscalizar para una mejor distribución de los recursos del estado,” finalizó Ramírez.

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