Si hoy estamos todos sorprendidos con las revelaciones que ha hecho el Ministerio Público, a propósito del caso Falcón que aún sigue involucrando nuevos nombres al expediente, también hay que decir que estos indicios nos ponen ante un sin número de preguntas que deberían encontrar respuestas. Pero no las hay.
La semana pasada las autoridades señalaron a varios legisladores que podrían sentarse en el banquillo de los acusados, mientras la sesión de ambas cámaras se convirtió en una sala de audiencia y todos escuchamos los argumentos de defensa de los honorables.

Varios legisladores se pronunciaron al respecto asegurando que si hay un culpable de que el narcotráfico y el crimen organizado permeara la política dominicana es la Junta Central Electoral y el propio Ministerio Público, que no hacen el eficiente escrutinio.
“Aquí se están acusando a los partidos, pero los partidos no es que tienen toda la culpa, la tiene la Junta Central Electoral, la tiene el Ministerio Público que da el certificado de buena conducta de personas que realmente no califican para ser candidatos”, expresó enérgicamente el veterano diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro.

¿Quién tiene la culpa? Nos preguntamos todos, incluyendo los líderes políticos que se sintieron incriminados por la población y los medios de comunicación, que no paran de hablar de la función de las organizaciones políticas y su flaco servicio históricamente.

Falcón, un caso que ya lleva unos 24 implicados y cuyo listón podría incluir otros más, debe ser recordada como la investigación bujía, para un ejercicio político serio en República Dominicana, respetuoso de las reglas que rigen nuestra sociedad, pero sobre todo, conteste con el compromiso esencial que deben mantener los partidos, representando al colectivo, promoviendo el bien común y contribuyendo al desarrollo de la democracia.

Si hay una intención real en la dirigencia de los partidos de cambiar las reglas del juego hablamos de procesos electorales interesantes, donde primaría las capacidades de los candidatos y la solvencia moral y social, que es mucho más importante que la económica, por lo menos así debía ser.

Estamos en un momento importante de cara al adecentamiento de la política que puede dar grandes frutos en la próxima contienda electoral. Por lo menos, a eso aspiramos quienes apostamos a que el caso Falcón sirva para algo más que para levantar el dedo acusador.

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