Quejas de los fiscales

La pasada semana varios fiscales titulares -de importantes fiscalías del país-, dieron declaraciones para un programa televisivo en donde ponían “el grito al cielo” porque: “Imputados en casos graves salen en libertad con facilidad”.

Y, en sus declaraciones, mencionaron a varios jueces que, según los fiscales, tienen una concepción garantista de la norma e imponen, en vez de prisión preventiva, garantías económicas y presentación periódica “pese a que se trate de acusaciones por muertes violentas, sicariato, tiroteos indiscriminados y secuestros”.

También, nombraron a varios jueces, entre estos a Job García Hurtado de Santiago de los Caballeros y a Darvin López de la provincia Duarte. Luego, también, hubo críticas, directas e indirectas, a la jueza Yanibet Rivas, del Distrito Nacional, por una decisión relativa al denominado “Caso Coral”.

Estos ataques a los jueces, en la prensa nacional, motivó una respuesta de la “Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo)”, en la cual invitan a los procuradores fiscales: “A seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público”.

Y, en otro párrafo, establecen lo siguiente, cito: “Finalmente, instamos al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, reforzar, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos miembros del ministerio público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.

De su lado, el procurador interino (con un interinato de casi dos años sin concurso), encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, se limitó a responderle a Judemo: «No tenemos tiempo para distracciones».

Desde lejos, parecería que los fiscales no se quejan de jueces sino del sistema, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y de los plazos razonables para realizar actuaciones.

Los plazos de investigación, en cierta medida, los fija el Ministerio Público cuando solicita medidas de coerción y en ciertos presupuestos se les aumenta, si a esto sumamos que ellos dicen, muchas veces, tener expedientes sólidos para probar las tesis de acusación, entonces por qué luego se quejan si no cumplen con sus responsabilidades dentro de los plazos fijados. No deben echarles la culpa a otros, cuya función principal es, precisamente, tutelar derechos y limitar abusos.

La solución parece ser, desde la lógica de los fiscales, otra reforma al Código Procesal Penal, creando tipos penales especiales, sin garantías ni plazos prefijados ni razonables, preferiblemente sin jueces que puedan decidir contrario a sus deseos, sin contrapesos y donde ellos sean ley, batuta y Constitución.

Así sería más fácil. Deberían trabajar en esa propuesta de reforma, tienen a la prensa de su lado para imponerla; y los demás actores, con excepción de “Judemo”, según veo, tienen un silencio cómplice.

Pobres jueces, en el fondo, y quizás ni tan en el fondo, está bueno que les pase.