En los últimos años, la ocupación de terrenos del Estado y privados ha sido una constante por parte de personeros políticos, funcionarios, militares y hasta extranjeros que no respetan nada en el territorio, ante la desidia de las autoridades.
Son muchas las personas que han perdido sus propiedades adquiridas con gran sacrificio, debido a que desaprensivos protegidos por politiqueros inconscientes, sobre todo, en tiempos de campaña, aprovechan el descuido para tomar lo que no es suyo, sin ningún rubor.
Por esa causa reservas forestales, zonas de regadío y predios de vocación agrícola han sido tomados de manera antojadiza, sin que autoridad alguna intervenga haciendo cumplir las leyes que protegen la propiedad privada y los bienes del Estado.
Si las autoridades correspondientes quieren tener un escenario para encontrar uno de los abusos más graves en este momento y de imperdonable silencio, solo tienen que echar una mirada al entorno de la importante autopista 6 de noviembre, para que comprueben cómo lo están arrabalizando.
El país es de todos y cada quien tiene derecho a un techo, pero el respeto a los demás y a los principios legales, es lo que sustenta la vocación democrática de un país y, República Dominicana, no debe ser la excepción.
Creo que las nuevas autoridades tienen la intención de hacer que el país transite por los mejores senderos y que el respeto a las leyes, el orden institucional, controlar el desorden social y la delincuencia que por años han dominado el escenario político, debido a ese descuido oficial.
Santo Domingo, como capital y el resto del país han cifrado sus esperanzas en un cambio real, que propicie y garantice la convivencia pacífica, el respeto a la propiedad, el sosiego social y el retorno de un país de vocación turística, debe ser una meta importante de las actuales autoridades. Eso esperamos.
