En la última década, la corrupción se apoderó tanto del país, que ningún dominicano puede contar con una identidad segura, como siempre ha sido a lo largo de la historia republicana, legada por los padres de la nacionalidad.
Esta situación preocupa a todo dominicano que tiene algo que perder y cuando los beneficiarios de esta mafia organizada que ha revivido a muertos y matado vivos, para dotar del documento de identidad y electoral a esa ola de extranjeros que hoy llenan nuestras calles, sin importar el porvenir de la nación.
La Oficialía del Estado Civil, en la sartén de este crimen de “Lessa Patria, ha jugado un papel irresponsable, legalizando con documentos ajenos a esos extraños, solo para complacer a políticos, enriquecer a desaprensivos y sumarse el criminal propósito de destruirnos como nación.
Créanlo o no, ya son muchos los dominicanos que cuando acuden al registro civil en procura de cualquier documento, se dan cuenta que han sido suplantados por haitianos y otros extranjeros, dejándolos como “muertos vivos” y sin derecho a reclamo.
Pero lo peor está por venir. Cuando esos extranjeros se posicionen bien van a comenzar a echarnos de nuestras propiedades, porque la Ley 659 de los Actos del Estado Civil y sus modificaciones, así lo ha permitido.
Entendemos que el país cuenta con una Junta Central Electoral seria y dispuesta a jugar el rol que le ha tocado desde 1923 con Alejandro Woss y Gil, pero tiene que arrancar con un plan urgente para poner las cosas en su lugar.
La Oficialía del Estado Civil debe iniciar una investigación profunda y una profilaxis en el sistema de asentamiento de la identidad, para frenar este relajo y no permitir que nos convirtamos en una nación de burla ante los ojos de la humanidad. Este primer año debe servir para devolvernos la tranquilidad, la paz y devolvernos nuestra identidad. Los dominicanos merecemos respeto. ¡Eso creemos!
